Erik Jeant Millares Luna
Realmente se genera incertidumbre de proporciones cuando se recibe datos y números de diferentes instituciones públicas y privadas vinculadas a los derechos de las mujeres, a la investigación de delitos que afectan a este género o alguna otra entidad que se precie de estar promoviendo la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Considero que las instituciones llamadas por ley para iniciar investigaciones (por denuncia o de oficio) de un hecho en contra de la integridad física, psicológica o libertad sexual en contra de las mujeres, son la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público como director funcional de esta tarea.
Pero de acuerdo con datos publicados poco antes de cumplirse los dos primeros meses del año, el número de feminicidios en el país llegó a 18, cifra que superó lo registrado en los primeros 60 días de 2017. Así lo confirmó el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
La Paz registró nueve casos; seguido de Oruro con cinco; Chuquisaca con dos; Santa Cruz uno y Cochabamba uno. Mientras que el 2017 en periodo similar los casos fueron 12 casos: cuatro en La Paz; dos en Santa Cruz; dos en Chuquisaca; dos en Tarija; uno en Cochabamba y otro en Beni.
Según el Observatorio, supuestamente se evidencia un incremento en las cifras, que cada año lo muestran como una constante, que llega a un centenar.
Contrariamente a esa percepción, los datos de la Felcv contradicen totalmente lo difundido por el mencionado Observatorio, porque si bien ha existido un incremento de los feminicidios, éstos no llegaron a la centena, en ninguna gestión desde el 2015, siendo solo la pasada gestión con 87 casos atendidos y esclarecidos.
En cuanto a los agresores, podemos afirmar que los más recurrentes se están en los rangos de 25 a 55 años de edad, dejando de lado la versión acerca de que los feminicidas actualmente son los más jóvenes, como da cuenta la mencionada institución.
Es necesario que las instituciones en el ámbito de sus funciones forjen estadísticas de lo que reciben o generan como información y no se sirvan de datos que a ellos no les conste y nos proporcionen información de fuente secundaria, hecho que genera confusión en la población y acrecienta un temor infundado, perdiendo de esta manera la credibilidad de esas instancias.
En el ámbito de la pesquisas de los delitos, quienes reciben la denuncia, investigan la verdad histórica de los hechos, plantean las hipótesis de la secuencia de los sucesos y los protagonistas, además de las posibles causas, tendrán la suficiente capacidad para informar respecto a las causas responsables de estos delitos y de las pericias aplicadas para la recolección de evidencias. Aplicarán en el análisis criminal y de violencia los patrones de conducta e indicadores o parámetros circunstanciales, a diferencia de otras instancias que buscan solo inflar datos estadísticos.
Las apreciaciones acerca del incremento de los delitos de feminicidios deberán ser analizadas desde diversas ópticas, ya sea sobre la temporalidad, la geografía urbana o rural, cultura y otros aspectos que por sí solos pueden tener su influencia o no en la comisión de estos ilícitos. Son aspectos de compleja evaluación, para un tratamiento multidisciplinario.
Concluimos pidiendo que se haga un trabajo objetivo e interdisciplinario que promueva la certeza y credibilidad de lo que se quiere informar a la sociedad.
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