Tribunal Décimo perdió siete testimonios de caso Alexander

El Tribunal Décimo de Sentencia, que sentenció al médico Jhiery Fernández, en el denominado caso Alexander, certificó haber perdido al menos siete declaraciones de testigos, “cuyos testimonios descartaron en juicio oral la supuesta violación en contra del bebé, para encubrir los errores en la investigación de los fiscales y forenses”, develó el padre del galeno Félix Fernández.

La solicitud de informe y certificación fue presentada por el abogado Cristian Alanes, el pasado 7 de mayo, donde se detalla el nombre de los siete testigos, cuyos testimonios fueron extraviados en el Tribunal Décimo, presidido por la juez Patricia Pacajes y compuesto por los jueces técnicos Gladys Guerrero y Roberto Mérida.

NO ES MI CULPA

El pasado 11 de mayo, ante una conminatoria, el secretario de dicho Tribunal, Edwin Tonconi, emitió respuesta confirmando que siete declaraciones no figuran en los cuadernos de control jurisdiccional (archivos del juicio) justificando que fue responsabilidad de las anteriores secretarias del juzgado, debido a que él asumió el cargo el primero de agosto de 2017.

CERTIFICA

“Tengo a bien certificar de la revisión de obrados, se establece que faltan (siete) actas de declaraciones testificales como manifiesta el memorial que antecede; hace conocer que el suscrito (Tonconi) se ha posesionado en fecha 1 de agosto de 2017 y desconoce de qué secretarias habrían asistido a dichas audiencias, por lo que se me es imposible certificar datos que desconozco y no constan en obrados”, se justificó en el documento emitido por el funcionario judicial.

A su vez, el padre del médico, Félix Fernández, remarcó que esta es una más de las irregularidades denunciadas por la defensa de su hijo, que no son atendidas por ninguna instancia de la justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El 27 de febrero de este año, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, y la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, en conferencia de prensa, aseguraron que asumían medidas “correctivas” en el caso Alexander, así como en otros tres procesos que tenían que ver con un infanticidio en El Alto, pornografía infantil en Santa Cruz y el presunto abuso sexual de una adolescente.

Durán informó sobre la destitución del director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan David Andrade Guerra, por inasistencia a audiencias en el caso del bebé Alexander.

“Estamos ejecutando medidas correctivas para que el proceso se lleve en el marco de la celeridad, la verdad y la justicia de este niño víctima de violación sustanciada ante el Tribunal Décimo de Sentencia”, afirmó Durán como figura en un comunicado de esa fecha, donde el Ministerio de Justica da por verdad la supuesta violación antes de que se emitiera sentencia.

Luego, el Ministerio de Justicia presentó denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de los jueces que suspendieron las audiencias en perjuicio de este caso. “Finalmente, el Ministerio de Justicia se apersonará al proceso para hacer seguimiento permanente del caso”, agregó.

El padre del médico señala que los anuncios del Ministerio de Justicia solo confirman la presión que se ejerció contra los jueces y que el proceso esta plagado de irregularidades que asegura iniciaron con acciones negligentes en la investigación que hizo el Ministerio Público, por el fiscal departamental Edwin Blanco y su subalterna Susana Boyán.

La familia y compañeros de trabajo del galeno también responsabilizan al fiscal general Ramiro Guerrero de direccionar el caso, a quien cuestionan, por tratar de encubrir los errores cometidos por la médico general Ángela Mora.

Los abogados de la defensa de Fernández hacen esta afirmación con base en informes hechos por parte de la perito forense María Terán que en ese momento trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que ante el Tribunal señaló que las lesiones en el bebé Alexander no correspondían a un vejamen sexual y que eran otras las causas del sangrado y la muerte del menor de ochos meses, que hasta el fatídico 13 de noviembre de 2014 estaba al cuidado del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación de la Paz.