Religiosa fue imputada y encarcelada

El juez Hugo Huacani, del Juzgado 11 de Instrucción en lo Penal, en audiencia cautelar, determinó ayer enviar al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, con detención preventiva, a una religiosa del Asilo San Ramón de La Paz, denunciada por hecho de agresión física contra un adulto mayor de ese centro.

El supuesto hecho de agresión física se habría producido en momentos cuando la religiosa atendía a un anciano para que ingiriera medicamentos, una videograbación muestra el momento que la religiosa golpea a un adulto mayor buscando forzar que tome un vaso, acción considerada como indicio para formalizar la imputación en contra de la religiosa.

La asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Susana Inch, manifestó que la religiosa reconoce que su forma de proceder con el adulto mayor no fue correcta, pero lo que intentaba era darle un medicamento fundamental para su salud. Sin embargo, no justifica que se encarcele a la religiosa.

Inch señaló que fueron vulnerados los derechos de la religiosa sindicada, al no permitirle todos los recursos de defensa que tenía. Explicó que la acusación se basa en un examen forense que certifica lesiones del adulto mayor, pero aseguró que esas heridas no fueron causadas por la religiosa, sino por una caída que tuvo el adulto mayor dos días antes.

La abogada de la CEB lamentó que la Fiscalía no haya solicitado el informe respetivo de la caída de la víctima a la médico del Asilo, negando así un elemento de defensa para la religiosa.

COADYUVANTES

Los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu) y la Dirección de la Niñez y Personas Adultas Mayores, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional realizaron el acompañamiento de este caso y se constituyó en parte coadyuvante del proceso. 

Según el Ministerio de Justicia, la religiosa está acusada del delito de violencia familiar o doméstica y discriminación contra un adulto mayor.

 El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional hizo un llamado a la sociedad y a las familias para promover entornos afectivos de respeto y de valoración a la población adulta mayor instando a las instituciones involucradas en la defensa de estos derechos a extremar esfuerzos en esta noble labor.