Hay muchas formas de maltrato a personas de la tercera edad, que son conocidas como tipos de violencia doméstica o familiar, ya que son cometidas por miembros de la familia. También se sabe de cuidadores pagados que se aprovechan de pacientes ancianos. Entre esos casos de maltrato a personas mayores no están actividades delictivas como asaltos a domicilio, atracos en la calle o robos con distracciones.
Por otra parte, el maltrato a ancianos por parte de gobiernos se ha convertido en un grande problema social y económico, como el trato que se otorga a los jubilados en Bolivia. En este sentido, la insensibilidad ha llegado a extremos. Mientras que el gobierno que pregona bienestar para el pueblo cada año determina incrementos salariales, incluyendo para legisladores, “levanta manos”, y entidades parasitarias.
El problema es preocupante. Incluso la ONU determinó que el 15 de junio sea el Día Internacional contra el maltrato al Adulto Mayor. Respecto a esta conducta que se observa en la sociedad, es necesario impulsar iniciativas que faciliten la educación y la toma de conciencia del gobierno y de la población sobre el problema mencionado.
EL actual gobierno de Evo Morales menosprecia a los jubilados y los considera como un lastre social. No significan otra cosa las miserables rentas y el irrisorio aumento determinado que en la mayor parte llega a 20, 30 o 40 bolivianos. Mientras que jerarcas de los órganos de poder reciben elevados salarios, aumentos envidiables y una serie de prerrogativas, los jubilados, que en vida útil laboral con inmenso sacrificio brindaron bienestar a la Patria, reciben paupérrimas rentas.
Si no lo sabía, nuestra legislación previene el maltrato hacia los adultos mayores, y restablece sus derechos, responsabilizando principalmente a la red familiar por el cuidado hacia ellos.
Sin recursos y deprimidos, el drama de los adultos mayores es muy grande. Según estadísticas, Bolivia tiene una bajísima contribución jubilatoria. Por un lado, en un país con altos porcentajes de pobreza, una importante franja de la población apenas tiene para subsistencia diaria. Las desigualdades económicas y sociales son cada vez mayores.
Al mismo tiempo, es alto el nivel de informalidad laboral, lo que ocasiona síntomas depresivos en numerosos sectores, más que en otros países de la región. Si bien la Ley 369 del adulto mayor establece trato preferente, muchas instituciones públicas no la aplican.
Se espera que el gobierno actual comprenda la dramática situación de las personas mayores y por siquiera un mínimo reconocimiento otorgue un trato digno y respetuoso a quienes fueron nuestros padres. La Patria les debe tanto que merecen atención deferente en los pocos años de vida que les quedan en este mundo.
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