Susana Rivero firmó decretos para auditar a Queiroz Galvao en 2007

La diputada Susana Rivero, cuando ejerció el cargo de Ministra de Desarrollo Rural, en la primera gestión de Evo Morales, firmó el Decreto Supremo que autorizó una auditoría a los contratos entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa brasileña Queiroz Galvao.

El primer decreto, suscrito por la entonces ministra y ahora presidenta de la Comisión de investigación del caso Odebrech, fue el 29275, del 13 de septiembre de 2007, mediante el cual se crea el Consejo Interministerial que autoriza realizar una auditoría integral a los contratos entre el ex Servicio Nacional de Caminos, reemplazada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y Queiroz Galvao.

El segundo Decreto Supremo es el 29515, del 12 de abril de 2008, donde se autorizó a la ABC adoptar las medidas necesarias para restablecer la relación establecida en el contrato de fecha 28 de noviembre de 2003 con la Empresa Constructora Queiroz Galvao S.A, con la finalidad de concluir las obras de la carretera Potosí – Tarija.

En la actualidad, Rivero, en su calidad de diputada, fue designada como presidenta de la Comisión especial que investiga el caso Odebrecht y los presuntos sobornos de la firma brasileña en la construcción de carreteras en el país.

RECUSACIÓN

En ese marco, el senador Arturo Murillo, de Unidad Demócrata (UD), envió un memorial al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, pidiendo la recusación de la presidenta de dicha Comisión por la existencia de un conflicto de intereses, tomando en cuenta que decidió ampliar las investigaciones a las empresas Quieroz Galvao, OAS y los contratos con Petrobras.

“Estamos presentando una nota a la Vicepresidencia del Estado, recusando a la diputada Susana Rivero como presidente de la Comisión de Investigación sobre el caso Odebrecht, porque hay un conflicto de interés. La diputada no puede ser juez y parte en esta investigación”, dijo el legislador.

Por su lado, Rivero, en su calidad de Presidente de dicha instancia, indicó ayer que el objetivo de la investigación que realizará la Comisión del Legislativo es sobre la base del informe “Castillo de Arena”, que fue realizado por el Ministerio Público de Brasil. Detalla montos, iniciales y referencias que vincularían a personeros del Gobierno de Bolivia con la empresa Camargo Correa.

RELACIÓN DE HECHOS

El extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) firmó un contrato ampliatorio el 18 de noviembre del 2003 con la empresa brasileña, para ejecutar las obras del proyecto “Construcción del tramo vial Cuchu Ingenio-Santa Bárbara y Bella Vista-Cotagaita”.

Después que se determinara la liquidación del SNC, en octubre de 2006, dicho contrato fue subrogado por la actual Administradora Boliviana de Carreteras el 1 de diciembre de la misma gestión.

La ABC emitió varios informes técnico legales, en los que se hace mención a que la empresa incurrió en graves irregularidades en el incumplimiento de contratos, por lo que el 13 de septiembre de 2007 procedió a la resolución del contrato suscrito y al cobro de la boleta de garantías.

Posteriormente, el Gobierno emitió el D.S. 29275, donde se determinan las acciones que deben efectuarse contra la empresa brasileña y la auditoría. Este Decreto fue firmado por Susana Rivero, la actual presidenta de la Comisión.

El Consejo Ministerial era presidido por el Ministerio de Obras Públicas, José Kinn Franco, ahora Embajador de Bolivia en Brasil, y la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, consideró a través de una nota DIRIN 049/07, del 18 de octubre del 2017, restablecer acuerdo con la empresa brasileña para la conclusión de las obras. En este acuerdo, Queiroz Galvao se compromete a ejecutar la construcción del túnel de Alarache, en la carretera Tarija-Bermejo, con un nuevo diseño.

Para la ejecución del acuerdo es que el gabinete ministerial emite otro Decreto Supremo, número 29515, en fecha 12 de abril de 2008, donde Rivero también es parte de la suscripción del documento, a pesar de los informes técnicos y legales que determinan la existencia de irregularidades en el cumplimiento del contrato y la identificación de trabajos defectuosos.

INVESTIGACIÓN

Por su parte, Susana Rivero manifestó que las acciones que están realizando los opositores en su contra no la aparatarán del proceso y aseguró que el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) realizó 22 viajes entre 2003 y 2008 a las ciudades de Lima (Perú) y Sao Paulo (Brasil), durante el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a la empresa brasileña Camargo Correa.

“Los viajes son sintomáticos del exministro José Galindo sino del propio presidente de ese entonces Carlos Mesa (…) Se han dedicado a viajar en una coyuntura tan compleja que vivía el país el 2004. Son 22 viajes al mismo destino, durante la ejecución de esta carretera”, Rivero fue quien dio lectura al informe de Migración sobre estos viajes.

De acuerdo con Rivero, el expresidente realizó el 17 de noviembre de 2003 su primer viaje a Brasil y el último el 12 de diciembre de 2008 a Perú, durante los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de la obra caminera.

También dijo que Carlos Alarcón, actual abogado del exmandatario, fue designado como Ministro de Obras Públicas cuatro días antes de que el gobierno de Mesa firme el decreto supremo del proceso de contratación de Camargo Correa.

“Vamos a rastrear las cuentas bancarias de todos los viajeros para saber qué tanto iban hacer al Perú, en momentos decisivos de la contratación del proyecto”, adelantó Rivero.