El fiscal Marco Rodríguez informó ayer que mediante la Procuraduría se está remitiendo copias de los documentos que forman parte del caso Terrorismo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que admitió la denuncia presentada por Mario Tadic, uno de los miembros del grupo irregular encabezado por Eduardo Rózsa Flores.
Recordemos que el pasado 24 de febrero, la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió el “derecho de petición” que presentó Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tadic Astorga, Elod Toazo y otros tres acusados del caso terrorismo, en relación a vulneraciones a sus derechos durante el proceso.
Rodríguez aseveró que el trámite se está realizando por intermedio de la Fiscalía General y se está cumpliendo con el pedido de remisión de toda la documentación del caso.
El lunes, se conoció que el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz dictó 12 años de prisión para el exfiscal del caso Terrorismo y prófugo de la justicia boliviana Marcelo Sosa, por los delitos de concusión y uso indebido de influencias.
El fiscal departamental de ese departamento Freddy Larrea informó que el Tribunal de emitió esa decisión luego de “valorar objetivamente” las pruebas “certificales, documentales y periciales sobre los tipos penales” presentados contra Sosa y su exguardaespaldas Juan José Laguna.
“Al señor Marcelo Sosa Álvarez le dan una condena de 12 años y al señor Juan José Laguna 8 años”, precisó la autoridad judicial a la Red Patria Nueva, y consideró que el segundo paso es gestionar la extradición el exfiscal vía Cancillería.
Sobre esta sentencia, Rodríguez aseguró que la misma no afecta lo que pasa en el caso Terrorismo, aseverando que Sosa cumplió un trabajo, presentó la acusación final y nunca fue propuesto como testigo.
Por todo eso, aclaró que no pedirá su extradición, para este caso, y deja en criterio de los responsables del otro caso, si se hace la solicitud al Brasil.
Antes de ser admitida la denuncia presentada por Mario Tadic , el 4 de marzo de 2016 el Gobierno fue notificado y entre junio y septiembre de 2017 rechazó y desconoció la jurisdicción y competencia de la CIDH para revisar sentencias pronunciadas por tribunales nacionales, pero la CIDH se declaró competente y admitió la denuncia.
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