Nueva delimitación de la reserva Guarayos

La Reserva Forestal Guarayos fue creada el año 1969 bajo el Decreto Supremo N° 12.268, y mediante el Decreto N° 08660 de 28/02/1975, su extensión alcanza aproximadamente 1.500.000 hectáreas; este último decreto prohíbe todo tipo de asentamiento humano, como también de actividades agropecuarias. El Plan de Uso de Suelo (Ley Nº 2.553) según las seis categorías de uso de suelo determina que el área es predominantemente forestal, correspondiendo a: Agropecuario extensivo 52.973 ha (5%), agropecuario intensivo 51.834 ha (5%), agrosilvopastoril 192.307 ha (17%), agua 26536 ha (2%), forestal 624.561 ha (56%), Restringido 166.083 ha (15%).

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), hasta el 2016, la Reserva Forestal Guarayos es de 1.114.512,63 ha; de las cuales 596.769 ha (54%) son bosques y 274.054 ha (25%) están destinadas a diversos usos y actualmente ocupadas ilegalmente por empresarios, campesinos, colonos, menonitas, rusos, concesionarios mineros y otros, lo cual deja en evidencia que no se respetó las normativas que determinaban únicamente el aprovechamiento forestal bajo planes de manejo y prescripciones especiales para el área.

En diciembre de 2017, el Gobierno Nacional y Empresarios Privados firmaron un acuerdo con miras a una nueva delimitación de la Reserva Forestal Guarayos, considerando los actuales asentamientos e inversiones efectuadas. La nueva delimitación de la Zona F (zona reservada a la colonización en el departamento de Santa Cruz DS No 25-04-1905 del 25 de abril de 1905) que afecta a la Reserva Forestal Guarayos, se trabajará técnicamente en un plazo de hasta dos meses, según expresa el acuerdo establecido en la Mesa 1: Tierra y Reservas Integrales, en los puntos uno y tres. Frente a ello, el Pueblo Indígena Guarayo manifestó su negativa, a través de los pronunciamientos elaborados en Asambleas extraordinarias; también el directorio de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) a la cabeza de Daniel Yaquirena, su presidente, en diferentes reuniones con instancias del Gobierno Nacional manifestó que se respete la Reserva Forestal Guarayos, argumentando que la Reserva forma parte de su territorio ancestral que ya ha sido avasallado por diversos actores.

Esta situación llevó al gobierno nacional a buscar espacios de negociación con cada uno de los actores involucrados, y sobre todo moviliza al Pueblo Indígena Guarayo representado por sus organizaciones matrices, la COPNAG y CEMIG (Central de Mujeres Indígenas Guaraya) a definir estrategias políticas en defensa de la Reserva, haciendo ejercicio de sus derechos colectivos hacia una efectiva gestión territorial indígena que garantice la seguridad jurídica del área titulada de la TCO que alcanza a 1.352.152,4196 ha, además que se concluya con la titulación del total de la superficie demandada equivalente a 2.205.369,8945 ha, para asegurar el sistema de vida de su pueblo.

Por su parte, los empresarios en la propuesta de Decreto Supremo que hicieron solicitan la definición de los límites y superficie de la Reserva Forestal Guarayos, indicando que en la actualidad que la Reserva solo tiene una superficie boscosa continua de 256.447,03 ha, por lo tanto los productores agropecuarios que están en el interior de la Reserva necesitan regularizar su derecho de propiedad o posesión.

La Federación Regional Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Regional Guarayos, en coordinación con la ABT, cuenta con una propuesta de decreto supremo, que tiene por objeto establecer la gestión integral y sustentables de bosque del Choré y Guarayos, considerándose a los mismos como “Reservas Integrales de Bosque” para promover la conservación, restauración y el desarrollo económico social y productivo del país, garantizando la preservación y función ambiental del bosque. Así podrán implementar sistemas agroforestales, silvopastoriles, plantaciones forestales y otros sistemas productivos que fortalezcan los sistemas de vida de la madre tierra, los cuales deberán ser parte del Plan de Manejo de Reserva Integral de Bosque (PMIR), que serían elaborados por las entidades territoriales autónomas y la ABT.

En este contexto tiene sentido prestar atención a ciertas acciones económicas productivas que están llevando a cabo algunas familias indígenas y campesinas establecidas en la Reserva, porque han incorporado componentes de la propuesta económica productiva (PEP) de CIPCA, como ser la producción de frutales bajo sistemas agroforestales, crianza de ganado ovino y bovino bajo silvopasturas, piscicultura manejando vertientes naturales de agua, apicultura, recolección y transformación de cusi, y fortalecimiento de las organizaciones económicas y políticas.

Asimismo, amerita dar solución a las familias indígenas Guarayas que solo cuentan con lotes urbanos, sobre todo las del distrito de Yotaú del municipio El Puente, tal como señalan sus dirigentes, haciendo ver que existen comunidades fantasmas, identificadas solo con mojones, situación con la cual no están de acuerdo, pues exigen que se reconozca sus derechos ancestrales, su acceso y uso de su territorio, pero sobre todo que las familias indígenas puedan sentirse dueñas de sus territorios porque cada vez son desplazadas o acorraladas por propiedades privadas que desarrollan actividades agrícolas de monocultivo o ganadería extensiva, acciones productivas ajenas a la visión de vida de la población indígena guaraya, poniendo en riesgo sistemas productivos y alimentarios basados en la recolección, pesca y caza.

Las mujeres son, sin duda, las más afectadas porque según las dirigentes de la CEMIG, actualmente no tienen la libertad de recorrer sus comunidades para recolectar las hojas y el coco de la palmera de cusi y otros recursos naturales que se constituye históricamente es su principal fuente de ingresos, siendo en muchos casos ellas las jefas de sus hogares.

La defensa de la Reserva al estar sobrepuesta con la TCO del Pueblo Indígena Guarayo está generando importantes reflexiones y propuestas en torno a la necesidad de volver a la gestión integral del territorio indígena, el área es multicultural, por tanto exige que indígenas, campesinos, interculturales, y empresarios dialoguen y respeten las formas de vida del pueblo indígena guarayo, pero también, que el gobierno nacional brinde apoyo técnico, legal y económico para la implementación de programas productivos que faciliten el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población indígena guaraya.

La autora es Directora de CIPCA Santa Cruz.

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