Carlos Mesa denuncia estrategia de demolición en su contra

El expresidente Carlos Mesa afirmó ayer que con la denuncia presentada en su contra por el caso Quiborax y por las imputaciones de la diputada Susana Rivero en la investigación del caso Odebrecht, se confirma que el Gobierno del presidente Evo Morales impulsa una estrategia de demolición de su imagen ,por considerarlo un enemigo político.

Calificó como “desastrosa” la defensa de la Procuraduría General del Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el juicio que presentó la empresa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax, porque el Estado debe pagarle 48,6 millones de dólares.

“Si a mis compatriotas les quedaba alguna duda en torno a los objetivos del Gobierno del presidente Morales con relación a mí, la petición del Procurador General del Estado, para que la Fiscalía inicie una investigación en mi contra en el caso Quiborax, que se añade a la investigación manipulada por la presidenta de la Comisión Mixta (Susana Rivero) por el caso Camargo Correa, les confirman que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de mi imagen”, dijo en conferencia de prensa.

El jueves, el procurador Pablo Menacho informó que el 22 de mayo pidió a la Fiscalía General abrir una investigación en contra de Mesa y tres de sus exministros, por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque en su Gobierno supuestamente se incumplieron normas y eso derivó en la demanda internacional de la empresa Quiborax contra el Estado boliviano.

El juicio concluyó esta semana, con la sentencia que obliga al Estado boliviano pagar 48,6 millones de dólares a la transnacional por la reversión en 2004, en el Gobierno de Mesa, de una concesión en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita. El expresidente afirmó que Menacho busca evadir su responsabilidad.

“El Procurador Pablo Menacho ha tomado esta iniciativa en mi contra para evadir su responsabilidad directa y la de sus antecesores en el cargo, en la desastrosa negociación llevada a cabo por la Procuraduría del Gobierno del presidente Morales, que obliga al Estado pagar 48,6 millones de dólares a la compañía chilena Non Metallic Minerals-Quiborax”, afirmó.

PROCESO

Mesa explicó, asimismo, cuáles fueron las razones para expulsar a la empresa chilena del país, mediante el Decreto Supremo 27589, de 23 de junio del 2004, donde se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí.

El artículo único de dicho decreto detalla también el otorgamiento a la Empresa Minera Non Metallic Minerales S. A. el plazo de treinta días para la entrega física de las concesiones a la Prefectura del Departamento de Potosí, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan seguirse.

IRREGULARIDADES

En este marco, el Expresidente explicó que se evidenciaron varias anomalías por parte de la empresa, entre ellas niega dar información al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Aduana Nacional, impidiendo las auditorias dispuestas por Ley.

Presentó también una declaración fraudulenta de sus exportaciones de ulexita extraída del Salar de Uyuni que era transportada por la Empresa Nacional Ferrocarriles (ENFE), hechos que fueron demostrados en las auditorias de Sergeomin y Comibol. Por último, la evidencia del daño económico al Estado y la contravención a normas del Código Tributario.

En el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé se emite el Decreto Supremo 28527, de 16 de diciembre del 2005, el cual ratificó la expulsión de la empresa chilena, aunque deroga el decreto de Mesa, por estimar que tenía deficiencias jurídicas insubsanables en virtud del Código de Minería.

Mesa aclaró que estas observaciones no cambiaron el fondo de la norma, que era expulsar a la concesión por la explotación de ulexita de forma arbitraria.

RATIFICACIÓN

Según el documento del laudo arbitral emitido por la CIADI, determina que el D.S. de revocatorio de las concesiones, firmado en el Gobierno de Mesa, está sobre la base de la ley 2564 y no es ilegal, elemento que no fue mencionado por Menacho.

“Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria [mi DS 27589] se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones (…) fueron actos legítimos, adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras”, explica el documento.

Asimismo, Mesa dijo que el Gobierno de Morales funciona “en un mundo al revés”, porque las nacionalizaciones que él hizo y que le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares en compensaciones, además de asumir los pasivos heredados de las empresas nacionalizadas, son un triunfo estatal y revolucionario; mientras la expulsión de una empresa chilena y la recuperación de los recursos que explotaba, hecha por Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, deben ser investigadas y tipificadas como delitos.

JUICIO NO LO AMEDRENTA

A la vez aseguró que el pedido de investigación en su contra por el caso Quiborax no lo amedrenta y no lo acallarán en sus convicciones democráticas, “El presidente Morales cree que el uso de los Órganos del Estado bajo su total control para destruirme me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, resaltó.

Por último, el expresidente indicó que se defenderá ante la justicia, a pesar de que el Gobierno tiene pleno control del órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Ministerio Público.