Excónsul en Suiza denunció “abuso desproporcional” de Cancillería

La Cancillería de Bolivia cesó en sus funciones de cónsul en Suiza a Jorge Lizárraga el mismo día en que nació su hija. Asegura que violaron sus derechos e interpuso una acción de amparo que será revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La decisión de cesar en sus labores fue del canciller Fernando Huanacuni, pero el diplomático no sabe las razones. La primera vez que lo despidieron fue en octubre del año pasado, pese a que las autoridades tenían conocimiento del embarazo de su esposa. Ante un reclamo dejaron sin efecto el memorándum

La segunda vez fue el 4 de abril de 2018, “a mí se me cesa de mis labores después de ver a mi hija nacer”, cuenta el diplomático que ejerció las funciones como cónsul en Suiza desde 2014, cuando le tocó instalar la oficina de Bolivia en ese país. Lo que considera un “abuso desproporcional”

Se solicitó a través de la dirección de Comunicación de la Cancillería información acerca de las denuncias de Lizárraga, sin embargo desde el miércoles que no respondieron al pedido.

RECURSO

Lizárraga interpuso en Bolivia un amparo constitucional para exigir que se respete su derecho de inamovilidad funcionaria porque tiene una niña de apenas dos meses y que la Constitución Política del Estado le proteja a la niña hasta que cumpla un año.

Alega que la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores ni siquiera consideró que se trate de una familia que está en un país extranjero y requiere por lo menos dos meses para arreglar sus trámites. Se contactó con el Canciller para solicitar el plazo, pero la autoridad le colgó el teléfono.

En ese marco planteó una acción de amparo constitucional, con base en dos líneas jurisprudenciales, una de ellas que establece que si bien las designaciones de libre nombramiento no gozan de inamovilidad, también señala que tratándose de una situación de embarazo, el funcionario puede ser removido de su cargo a otro puesto hasta que la niña o niño cumpla un año.

En el tribunal de garantías de La Paz se declaró improcedente su acción por lo que irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia de la que espera se protejan los derechos de las personas en este caso son funcionarios de libre nombramiento.