Carlos Mesa ratifica su defensa por el mar

El expresidente Carlos Mesa ratificó su decisión de mantenerse como vocero de la demanda marítima pese a los recientes ataques del Gobierno y remarcó que ese compromiso asumido con el pueblo boliviano no da lugar a ninguna posibilidad de renuncia o alejamiento.

Sin embargo, expresó su preocupación por las repercusiones de este proceso en el ámbito internacional ya que están involucrados justamente el expresidente y vocero de la causa marítima y el expresidente y agente marítimo, Eduardo Rodríguez Veltzé, por un juicio que perdió el Estado contra una empresa chilena, Quiborax, misma que mediante concesiones pretendía explotar ulexita en el Salar de Uyuni, que se encuentra cerca de la frontera con el vecino país.

“Me haga lo que me haga el Gobierno, yo estaré siempre firme defendiendo la causa de Bolivia, (pero) lo que me preocupa es el efecto de imagen internacional (que se generará al saber) que dos expresidentes vinculados con la defensa de la causa marítima estemos juzgados nada menos que por expulsar la empresa chilena del Salar de Uyuni”, afirmó el exmandatario.

La pasada semana, la Procuraduría pidió a la Fiscalía General investigar a Mesa después de que Bolivia perdió un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con la empresa chilena Quiborax, que fue echada del Salar de Uyuni durante el gobierno de Mesa y luego la decisión ha sido ratificada en la administración del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien actualmente cumple la función de agente boliviano ante La Haya en la defensa de la causa marítima.

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, negó ayer un posible uso político del caso Quiborax en contra de la imagen del expresidente Carlos Mesa e insistió que la exautoridad incumplió normas para expulsar a la empresa chilena del Salar de Uyuni.

“Esto nada tiene que ver con temas electorales porque no es la Procuraduría la que está sacando este (caso) del sombrero”, respondió Menacho y agregó que la principal responsabilidad de Mesa es el haber incumplido el artículo 3 de la Ley 2564.

“Ese artículo tenía tres mandatos. Primero decía que el Poder Ejecutivo (es decir el gobierno de Mesa) tenía que llevar adelante seis auditorías jurídicas y si esas seis auditorías jurídicas demostraban que la empresa que explotaba minerales (en el Salar) estaba incumplimiento la Ley, se tenía que declarar la nulidad de sus concesiones mineras”, sostuvo.