Concejalas denuncian abuso policial

La mañana de ayer, funcionarias de la Alcaldía y las concejalas Andrea Cornejo y Cecilia Chacón protagonizaron un “plantón” en puerta de la Fiscalía de La Paz, demandando al fiscal departamental Edwin Blanco, celeridad y un proceso justo contra el subteniente Freddy Santander, quien en pasados días agredió físicamente a Yamile Cáceres, funcionaria municipal que, en el ejercicio de su labor, controlaba el parqueo en Sopocachi.

Las concejalas recordaron al fiscal que el efectivo policial agresor vulneró la Ley 348 que sanciona la violencia contra las mujeres, pero que extrañamente está libre y sin sanción alguna.

La autoridad observó el accionar de los jueces y fiscales que determinaron instaurar un proceso judicial contra la persona agredida y dejaron en libertad y sin responsabilidad alguna al agresor pese a existir pruebas de la agresión.

Un video tomado la mañana del 24 de mayo, en la zona de Sopocachi, detalla parte de lo que aconteció y se evidencia la actitud agresiva del patrullero contra Cáceres a quien maniata y la sube a su vehículo pese a que la mujer le repite que está embarazada.

Señaló que el fiscal del departamento asumió el compromiso de dar celeridad al proceso y escuchar a los testigos que evidenciaron la agresión cometida por el subteniente; además de evaluar las pruebas presentadas a través de las redes sociales.

La concejala señaló que toda vez que existen pruebas suficientes, el Ministro de Gobierno debe determinar la destitución y respectiva sanción del subteniente Santander quien, en el ejercicio de sus funciones, cometió abuso de autoridad.

LEY 348

Por su parte, la concejala Kathia Salazar demandó a las autoridades de la Fiscalía el pleno cumplimiento de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Manifestó su preocupación por el accionar de la justicia y la falta de imparcialidad en el manejo del proceso, solicitó al fiscal Edwin Banco una investigación transparente y la sanción al agresor.

El día de los hechos, la Fiscalía aprehendió a la funcionaria y pese a contar con varias imágenes que revelaban las verdaderas circunstancias del incidente, la imputó por el delito de impedir o estorbar el ejercicio de las funciones policiales.