Abogado: Acusación contra Carlos Mesa carece de sustento jurídico

La proposición acusatoria que la Fiscalía presentó ayer a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax no tiene sustento jurídico porque antes de ese paso debe realizarse una investigación previa afirmó a EL DIARIO Carlos Alarcón, abogado del exmandatario.

“Para nosotros es una proposición acusatoria con absoluta falta de base jurídica, no existe materia justiciable alguna y vamos a fundamentarlo por escrito. La proposición es una simple denuncia y debe ser rechazada después de los fundamentos que hagamos conocer”, explicó el jurista en entrevista con este medio.

Tras confirmarse que el Estado boliviano perdió el arbitraje internacional contra la transnacional chilena Non-Metallic Minerals S.A. - Quiborax en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que dispuso el pago de 48.6 millones de dólares, el procurador General del Estado, Pablo Menacho, pidió a la Fiscalía investigar al exdignatario sobre el caso, ya que se vulneró la Ley 2564, de 9 de diciembre de 2003.

En ese marco, se conoció ayer que el Ministerio Público remitió al TSJ la proposición acusatoria en contra de Mesa por el caso Quiborax.

“Tenemos información que la Sala Penal (del TSJ) habría recibido la proposición acusatoria por parte del Ministerio Público (…) consiguientemente estamos en etapas iniciales y tenemos conocimiento que (ahora) la Sala está analizando esa proposición”, informó el presidente del Tribunal Supremo, Dr. José Antonio Revilla.

Agregó que luego del análisis, la Sala Penal dará a conocer una decisión que podría derivar en el envío del caso a la Asamblea Legislativa, para que autorice un posible juicio contra un exmandatario.

En esa línea, Alarcón indicó que al ser una etapa de actuaciones preliminares, en el plazo de 30 días la Fiscalía General del Estado debe iniciar una investigación para determinar si existen los argumentos legales para sustentar la proposición acusatoria que se presentó contra Mesa, además deben convocarle para que asuma su defensa.

PROCEDIMIENTO

En tanto, el Presidente del TSJ explicó que el procedimiento para enjuiciar a un expresidente es “híbrido” e involucra a tres entidades del Estado: al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía y a la Asamblea Legislativa.

“Consiguientemente, estamos en etapas iniciales y tenemos conocimiento, por información de Relaciones Públicas, que la Sala Penal está analizando esa proposición acusatoria, una vez que sea analizada daremos la información”, reiteró Revilla, aunque no dio detalles de los plazos y los delitos de los que se acusa al expresidente Mesa.

PROCESO

El antecedente público que existe al respecto es que el Gobierno de Mesa dispuso el 23 de junio de 2004, mediante Decreto Supremo 27589, la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de esa firma chilena, que operaba en Uyuni para la explotación de ulexita del Salar de Uyuni.

En el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé se emitió el Decreto Supremo 28527, de 16 de diciembre del 2005, el cual ratificó la expulsión de la empresa chilena, aunque deroga el decreto de Mesa, por estimar que tenía deficiencias jurídicas insubsanables en virtud del Código de Minería.

NO LO AMEDRENTA

El abogado Alarcón resaltó que estas acciones despejan toda duda demuestran un directo interés por parte del gobierno del presidente Evo Morales de dañar la imagen del expresidente Carlos Mesa. Agregó que esto no les asusta y que asumirán la defensa del caso, presentando todos los argumentos legales y facticos que sean necesarios.

El expresidente Mesa ratificó ayer que el pedido de investigación en su contra por el caso Quiborax no lo amedrenta y no lo acallarán en sus convicciones democráticas.

“El presidente Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control para destruirme me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, resaltó.

Por último, manifestó que exigirán al tribunal de garantías que vigile el proceso judicial, para que se desarrolle con el debido proceso y lo más transparente posible.