Víctima de mala voluntad a la Iglesia

La reacción humana natural de una religiosa del Asilo de San Ramón ante el rechazo de un anciano interno a ingerir su medicina, ha sido suficiente para que el titular del Juzgado 11º de Instrucción en lo Penal, Hugo Huacani, mandara presa preventivamente a la indicada monja, al Centro de Orientación Femenina.

La indicada reacción consistió en un golpe o palmada en la mano del asilado cuando éste le echó el vaso de agua ofrecido por la religiosa. Alguien registró la escena en un celular con mala intención y para reportarlo, cumpliendo alguna instrucción. Es falso que el rostro del interno hubiera sido golpeado. El o la médico forense con mala fe o absoluta carencia profesional registra un hematoma sin mayor significación, ocasionado por una caída de silla de ruedas del presunto paciente, de días antes. El examen forense fulminó un impedimento de 6 días.

Más desafortunada es aun la imputación por violencia familiar o doméstica y discriminación, con la cual el Ministerio Público da testimonio de su manejo caprichoso de la ley. En cuanto a lo primero, es claro que no hay relación familiar y la discriminación es otra muletilla persecutoria del aparato judicial del que nadie está libre. Es parte del terror de Estado que vivimos. Para colmo, la audiencia cautelar se inició a la media noche y duró hasta las 3 de la mañana siguiente. Esto no pude constituir otra cosa que una tortura contra la religiosa, horario que no se aplica ni a los delincuentes convictos y que los anales judiciales del país no registran hasta ahora.

Toda esta parafernalia es parte de la ojeriza y mala voluntad demostrada por el Gobierno a la Iglesia Católica, pese a lo cual el Papa Francisco estrecha vínculos con el Primer Mandatario, de indefinido credo religioso. Hubiera bastado el más mínimo gesto de tolerancia del Presidente o de uno de sus influyentes ministros para que fiscales y jueces obedezcan. Los actuales gobernantes con solo una palabra condenan o eximen de pena y culpa y el Órgano Judicial acata a pie juntillas. Esta vez el Ejecutivo con su silencio condenó a la monja. Es que ha devenido en una fábula la “independencia” de los órganos de Estado.

Mientras la Oficina Integrada de Justicia Plurinacional y la Dirección de la Niñez y Adultos Mayores dependientes del Ministerio de Justicia actuaron como coadyuvantes en el juicio, su jefe, el titular precisamente de ese Ministerio, Héctor Arce Zaconeta, no tardó en criticar el fallo judicial. ¿Hipocresía? Condenar con cárcel a una servidora desinteresada de la vejez, es una bofetada a la gente que hace el bien sin esperar recompensas.