Lento avance de decreto de indulto carcelario

La recopilación de documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos para acogerse a los decretos Nº 3519 y Nº 352, de indulto penitenciario total y parcial impide acelerar su aplicación; sólo 37 peticiones fueron presentadas en todo el país.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, explicó que esta baja incidencia tiene que ver con las complicaciones al momento de recabar la documentación de los internos, más aun tomando en cuenta que muchos internos carecen de ayuda externa que les permita agilizar sus trámites.

“Hemos firmado 37 carpetas procedentes de todo el país, el mayor porcentaje, cerca del 75% , está concentrado en el eje central Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, mientras que Pando es el Departamento que menor población penitenciaria tiene, hemos firmado sólo una carpeta remitida de esa cárcel”, declaró la autoridad nacional.

En abril pasado, el Gobierno puso en vigencia los decretos presidenciales N° 3519 y 3529 de amnistía e indulto parcial o total para beneficiar al menos a 2.700 personas, cerca del 15% de la población penitenciaria. Sin embargo, los procesos jurídico administrativos son lentos aún, por la crecida cantidad de documentación que existen en los juzgados.

“Estimo que el mes siguiente vamos a tener una importante demanda. Una vez recibidas la totalidad de las carpetas y las que efectivamente pueden acceder al beneficio, podremos tener una proyección del impacto en el descongestionamiento de las cárceles. Estamos previendo que podremos acercarnos al 15% de población carcelaria, tal como lo hemos previsto”, declaró López.

PREDIARIOS Y HACINAMIENTO

Además del descongestionamiento de los recintos penitenciarios, las disposiciones legales buscan también optimizar los recursos asignados para la asistencia alimentaria y de servicios básicos de los privados de libertad.

No obstante que el Directo Nacional de Régimen Penitenciario remarcó que este aspecto es responsabilidad de las gobernaciones, en el caso de La Paz la autoridad departamental señaló que sólo cumplen la función de pagadores, sin mayor participación en el cálculo de los montos que deben ser asignados. Por tanto, las repercusiones de la reducción de Bs 1 millón de ese presupuesto asignado a nueve cárceles regionales tienen que ser evaluadas por el Ministerio de Gobierno.

“El pago de este servicio, con recursos del IDH, no tiene lógica con el objetivo y razón de ser, porque esos fondos están destinados a la inversión pública en obras de desarrollo. No creo que sea inversión pública para pagar servicios penitenciarios”, afirmó el vocero de la Gobernación de La Paz, Edgar Ramos.

En este sentido, remarcó que las gobernaciones “cumplen sólo funciones de cajero y pagadores, no así de administradores de esos dineros, como en determinado momento consideraron los privados de libertad”.

Al respecto, López declaró que “… desde hace años atrás la responsabilidad la tienen los gobiernos departamentales. Son estos gobiernos que en su momento verán cómo se va atender el asunto”

INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

En criterio del Director de Régimen Penitenciario, el ordenamiento contará con una adecuada infraestructura carcelaria, permitirá también optimizar los recursos que actualmente se destinan para las cárceles del país.

Sobre este tema, anunció que la política integral de régimen penitenciario está siendo desarrollada, de manera paralela en dos tiempos, en el corto plazo por una parte, como la reasignación de áreas en el caso de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, y de mediano y largo plazo como son la construcción de complejos penitenciarios.

“En el tema carcelario el avance es paulatino, al momento no es posible hacer gestiones inmediatas por la naturaleza del sistema penitenciario y las características de seguridad”, remarcó López.