Aliados políticos de Sánchez de Lozada pueden ser procesados penalmente

Las víctimas de octubre negro de 2003 analizan instaurar proceso penal contra los aliados políticos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en caso de que no se consiga la extradición de ambas exautoridades. La coalición política de entonces también participó de las decisiones políticas que tomó el expresidente durante su mandato.

Las afirmaciones corresponden al exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, quien fue parte de las movilizaciones en octubre de 2003, las mismas que surgen a raíz de que el juez Jame Cohn de la Corte de Fort Lauderdale de la Florida-Estados Unidos rechazó el fallo del jurado que encontró culpable a ambas exautoridades de los delitos de lesa humanidad.

“Si no se logra extraditar y procesar penalmente a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, se puede instaurar un segundo proceso penal contra los cómplices políticos de Sánchez de Lozada. Estos son Manfred Reyes Villa (NFR), Jaime Paz Zamora (MIR) y sus colaboradores, por la complicidad de la masacre, estamos analizando esa posibilidad con la asociación de víctimas de septiembre y octubre de 2003”, dijo De la Cruz.

Para que Sánchez de Lozada asuma su segundo mandato en el 2002 tuvo que realizar una alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dirigido por Jaime Paz Zamora y Nueva Fuerza Republicana (NFR) a la cabeza de Manfred Reyes Villa, quienes retiraron su apoyó día antes de que el expresidente renuncie a su cargo por la crisis de octubre de 2003.

APELACIÓN

El representante de las víctimas de estos hechos, Juan Patricio Quispe, indicó que esperarán los resultados de la apelación que presentará el abogado que los patrocina, Thomas Becker, a la Corte Circuito 11 y no descartó la posibilidad de plantear una segunda demanda penal contra los aliados del expresidente, pero tal posibilidad debe ser analizada por los damnificados. Aunque resaltó que los directos responsables de los hechos de lesa humanidad son Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada.

Tras el dictamen judicial del juez estadounidense, la defensa de los Familiares de las Víctimas de Octubre de 2003 anunció que apelará la decisión, el abogado de la Clínica Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Thomas Becker, dijo estar decepcionado de este resultado.

A la vez explicó que el juez quiso que se justifique pruebas de un “plan premeditado”, que en su criterio no es requisito para juzgar ejecuciones extrajudiciales además que la ley internacional y la ley norteamericana ratifica esa postura.

DECRETO

Por otra parte, Freddy Ávalos, abogado de las víctimas en Bolivia dijo que es posible que el equipo de juristas de la universidad de Harvard no hayan tomado en cuenta el Decreto Supremo Nº 27209/11 del 11 de octubre de 2000, que declaró emergencia nacional y ordenó a las FFAA hacerse cargo del transporte en camiones cisternas de combustible y otros, resguardando las instalaciones de almacenaje y en caso de ocasionar daños personales estos serán resarcidos.

El artículo 3 de dicho decreto establece: “Cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto supremo, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano”.

Por ultimo, espera que estos detalles puedan ser evaluados por los miembros de la corte superior y se revierta el fallo del juez Cohn y no se deje en la impunidad los hechos luctuosos que cobraron la vida de 67 personas y dejaron más de 400 heridos.