Se exige hallar a asesinos de cinco cooperativistas de 2016

Luego de ver el rápido esclarecimiento de la muerte del universitario Jonathan Quispe, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) se declaró en emergencia por la retardación de justicia, exige que las autoridades trabajen de la misma forma y den con los asesinos de cinco de sus compañeros abatidos en distintas circunstancias durante los conflictos de 2016.

“Como dirigentes de Fedecomin La Paz pedimos a las autoridades del Ministerio Público que la justicia sea igualitaria para todos”, manifestó el presidente de la entidad, Simón Condori, a tiempo de lamentar que aún no se sepa de dónde ha salido la orden para que los policías usen armas de fuego contra los mineros.

En agosto de 2016, fallecieron cinco mineros como resultado de los enfrenamientos que se suscitaron en Sayari (Cochabamba) y Panduro (La Paz). En el marco del mismo conflicto, también fue asesinado el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, por cuya muerte la Fiscalía presentó acusación formal contra 17 personas por ese caso.

Condori lamentó que transcurridos 21 meses, desde los luctuosos hechos de Sayari y Panduro, no se esclareció la muerte de los mineros; sin embargo, el Ministerio Público y la justicia pretenden la condena de dirigentes cooperativistas que en su criterio no tenían nada que ver con la muerte de Illanes.

JUSTICIA IGUALITARIA

Freddy López, otro dirigente de la Fedecomin, solicitó también que la justicia sea igual para todos, puesto que por un lado conmina a acelerar el proceso contra los imputados de la muerte de Illanes, pero por el otro los mineros fallecidos dejaron familias e hijos huérfanos y no existe ni un responsable detenido.

Juana Aparaya, prima de Rubén Aparaya, uno de los mineros fallecidos, dijo que la justicia es para los ricos y no para los pobres. Pidió que también se esclarezca la muerte de los cooperativistas y se identifique y sancione a los asesinos.

Los mineros fallecidos en el conflicto son Pedro Mamani Massi, Fermín Mamani, Severino Ichota, Rubén Aparaya y Freddy Ambrosio.

El pasado 3 de mayo, el abogado Luis Matías, defensa legal del cooperativista Josué Caricari, recluido en Chonchocoro, sindicado como uno de los presuntos asesinos del exviceministro Rodolfo Illanes, rechazó que los cargos en este caso, además de la retardación de justicia, se ampliarán a considerar que se trató de un delito de terrorismo.

A decir de la defensa de Caricari, a diferencia de acelerar las investigaciones, familiares del extinto exviceministro presentaron una solicitud para ampliar la denuncia contra otros 14 cooperativistas mineros, imputados por asesinato, por el delito de “terrorismo”.

Según el abogado, su cliente amplió sus declaraciones para que se llegue a la verdad histórica de los hechos e identificar quién o quiénes son responsables; “el señor Josué Caricari ha establecido que no ha participado en el asesinato del exviceministro Illanes”, aseguró el jurista.