El Alto determinó paro cívico

La Central Obrera Regional de El Alto, mediante Circular 06/18, emitido al final de la jornada de ayer, instruyó a todas las federaciones sindicales, asociaciones y organizaciones populares acatar el paro de 24 horas, dispuesto para el lunes 4 de junio.

El paro cívico, motivado por la acción de la Policía, que cobró la vida de un estudiante frente a la exigencia presupuestaria de la universidad pública de El Alto (UPEA), incluye además la atención de otras necesidades de financiamiento para esa urbe y el sistema universitario en general.

“El Comité Ejecutivo de la COR El Alto instruye a todas las federaciones, sindicatos, asociaciones y organizaciones populares afiliadas a apoyar el paro cívico movilizado de 24 horas que se realizará el próximo lunes 4 de junio”, cita un comunicado de la Central Obrera Regional (COR)

A su vez, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), liderada por Sandro Ramírez, anunció que el paro anunciado será de 48 horas, entre el lunes y martes.

“Informar a nuestra población que después de un debate sobre nuestra universidad se ha resuelto un paro movilizado de 48 horas para que el Gobierno nacional atienda la demanda de la UPEA”, señaló Ramírez en declaraciones públicas.

Entretanto, mediante el Ministerio de Educación el Gobierno, reiteró su convocatoria a dialogar con cuatro ministros como parte de la mesa de negociaciones.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró que al finalizar las negociaciones el presidente Evo Morales estará presente para la forma del compromiso.

“El Presidente ha expresado su deseo y voluntad de incorporarse para sellar el compromiso con la UPEA”, dijo Aguilar.

ESCLARECER

El giro en las investigaciones sobre la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Jonathan Quispe apunta a establecer una responsabilidad personalísima contra el subteniente de Policía, Cristian Casanova, lo que respalda el esclarecimiento del hecho, según el defensor del Pueblo, David Tezanos.

Señaló que si bien debe ser crítico con el accionar de la Policía, el cambio de ministros o autoridades no es la respuesta ni solución del conflicto que encara la ciudad de El Alto.

El Defensor del Pueblo expuso que la investigación debe someterse a la orden de operaciones emitida por las autoridades policiales superiores, esto es “si hubo autorización para el uso de armamento letal, es decir armas de 9mm (milímetros) y establecer si el efectivo policial se apartó de la instrucción y usó un arma no establecida”.

En este mismo sentido, indicó que todos los elementos que hacen a la investigación, como las imágenes que permitirán ver el impacto, si fue a distancia muy corta o no, además del uso de arma letal son los aspectos sobre los cuales incidirá la Defensoría de Pueblo.

“Nuestro pronunciamiento, en este mismo sentido, lo hemos hecho conocer a la media hora de ocurrido el fatal hecho”, refirió Tezanos.

En criterio del Defensor del Pueblo, la exigencia de dimisión de las autoridades del régimen de seguridad interior es comprensible, dado el exacerbado ánimo de la ciudadanía por la pérdida de una vida, pero también debe evaluarse el historial presupuestario de la UPEA y de la ciudad de El Alto. En este sentido, señaló que no corresponde pronunciarse respecto de un cambio de autoridades.