Peligroso acelerar los procesos de jubilación

El gobierno, seguramente con miras a conseguir puestos de trabajo para gente desempleada, ha concebido el proyecto de jubilar a los 65 años de edad a trabajadores que no sean mineros y a los 58 años a los que lo sean. La medida, de ser aprobada, no estaría de acuerdo con previsiones del Art. 48 de la Constitución Política del Estado ni con la Ley General del Trabajo.

Jubilar a empleados y obreros en forma anticipada implica desconocer su derecho a no hacerlo en temprana edad, debido especialmente a los bajos sueldos que se percibe y, con el proceso jubilatorio, los porcentajes serían muy inferiores al 100% de los sueldos. El costo de vida en el país es alto y en la mayoría de los casos tanto empleados como obreros perciben bajos salarios y no se puede ni debe obligar a optar por la jubilación, cuando aún hay edad para continuar trabajando y, además, porque los montos percibidos son bajos. Quienes ganan montos equivalentes al sueldo mínimo, que apenas les alcanza para cubrir el mínimo de la canasta familiar, quedarían en situación desesperante.

Partes del proyecto enviado a la Cámara de Diputados señala: “…con anticipación de 120 días calendario al cumplimiento de los 65 años de edad el asegurado dependiente no minero y de los 58 años de edad del asegurado dependiente del sector minero, el empleador deberá comunicar por escrito la conclusión del vínculo laboral al cumplimiento de dicha edad”. La medida resulta atentatoria y determinará que aumenten grande y gravemente los índices de pobreza que se sufre en el país.

Hay que convenir, además, que en el país solamente militares y policías son privilegiados al contar con el 100% de sus haberes para la jubilación; es decir que no se les rebaja ni un centavo. Este tipo de discriminación es atentatorio para quienes dependen del sector público y del privado, cuyos sueldos se ven reducidos con la jubilación que, como máximo, llega al 70% -y, en casos, a mucho menos- del sueldo percibido.

Creer que la jubilación es un “medio para encontrar puestos de trabajo para quienes no los tienen” es una ilusión porque, en todo caso, siempre serán más los empleados y obreros que cumplan 65 o 58 años que las reales necesidades de oficinas que requieran de empleados y, por efecto de la jubilación, los cargos no serán suficientes. Esto forzosamente determinaría que en la administración pública aumente la burocracia, especialmente con personas que “están pendientes de que su partido les provea de trabajo”.

Tanto el gobierno como la empresa privada, conjuntamente la actividad minera, tienen conciencia de que es preciso crear nuevas fuentes de trabajo y hacerlo mediante inversiones debidamente garantizadas; entretanto será importante revisar la medida de jubilaciones anticipadas y obligadas.