Violencia doméstica afecta a los más indefensos

Un hogar donde la violencia es considerada como una conducta “natural” para relacionarse, se convierte en un ámbito donde se cultiva la agresión como algo establecido. Pero la misma debe ser suprimida a tiempo, antes de cultivar perfiles impulsivos y poco tolerantes que terminen en delitos.

Profesionales en psicología observan que, en muchos de los casos, los padres son violentos con sus hijos, mujeres o ancianos (que corresponden a poblaciones vulnerables), porque en ellos se fue cultivando la violencia desde sus orígenes, ya que deviene de generaciones una conducta de “educar” con el uso de la fuerza. Como ocurre en las familias rurales, que se basaba en el uso del Qimsacharani (chicote de tres cuerdas), instrumento que migró junto con las familias a las ciudades, donde se ubicó como símbolo de la violencia, “camuflada” por generaciones.

Ahora se aplica diferentes leyes que sancionan la violencia en contra de mujeres, niños y ancianos, como es la norma 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, o la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, con las que se busca proteger los derechos de las personas de la tercera edad, así como otras normas que protegen a los niños y niñas no solo ante la violencia, sino ante el propio abandono.

De acuerdo con las estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), se establece que las denuncias por violencia familiar y doméstica continúan ocupando las cifras más altas. Solo en provincia del departamento de La Paz se atendió 7.470 casos, en El Alto se registró 3.514 y en La Paz 3.406 denuncias, siendo Viacha, Caranavi y Achacachi los lugares de mayores denuncias.

La misma instancia de investigación da cuenta que solo a nivel urbano, en la ciudad de La Paz se atendió 7.992 casos de enero a diciembre en la pasada gestión, mientras a nivel nacional los casos atendidos llegan a 892 casos, siendo Santa Cruz y el departamento de La Paz los que se apuntan con los grados de mayor violencia.

Por lo tanto las familias que registran conductas violentas, desde el abandono, por castigos que ponen en riesgo la integridad de los menores y hasta el no permitir otorgarles alimentos, por parte de los progenitores, requieren la intervención inmediata de las instancias policiales, legales y de atención a la familia por parte de las defensorías. También deben ser rescatados los afectados en conjunto y recibir tratamientos psicológicos continuos para evitar que estos menores en su vida de adulto instauren la violencia contra sus dependientes.

Si bien la base de una sociedad es la economía, la estructura social está esencialmente compuesta por todas las instituciones que definen el tipo de sociedad que se pretende lograr. Es por eso que mientras se aplique como procedimiento continuo terapias familiares, sobre todo en hogares donde se evidencia indicios de conducta violenta, estaremos previniendo que estos núcleos familiares no sean quienes estructuren una sociedad psicopática, permisible a la comisión de delitos como feminicidio, infanticidio, parricidio o el abandono de grupos más vulnerables.

Las juntas escolares y las juntas vecinales debieran ser los “observadores” de familias en riesgo que requieran de estas terapias gratuitas. Tal tarea debería ser financiada por las instancias locales y nacionales, antes de llenar las cárceles con personas que no tuvieron la oportunidad de un tratamiento psicológico que anule la violencia en su comportamiento.