Llaman la atención las diferentes versiones y hasta contradicciones entre el Ministro de Gobierno, la Policía y el Ministerio Público en torno a la muerte de Jonathan Quispe, alumno de la UPEA, el día 24 del mes pasado. Versiones que, por fin, concluyen en que el oficial Cristian Casanovas sería el autor, habiendo actuado de modo “autónomo y personal”. Para el comandante de la FELCC de La Paz, este oficial habría utilizado el arma entregada no en función de lanza gas, sino como escopeta para el disparo de canicas. En cambio, abundan los criterios acerca de que es imposible que los efectivos represores de marchas se alejen de lo ordenado por el mando superior.
La Policía ha venido sosteniendo que no hace uso de armas letales y que tampoco lo hizo en esa oportunidad, sin embargo vienen al recuerdo los muertos mineros en el conflicto de Panduro y la represión a los cocaleros de Norte y Sur Yungas, heridos por disparos de canicas, en lo que sería un medio imitado de la represión en Venezuela.
Después de la imputación contra el mencionado oficial, el Ministro de Gobierno pidió disculpas por su versión de que Jonathan Quispe fue muerto por sus propios compañeros con el empleo del tubo de un petardo. Es extraño que una autoridad de su jerarquía acoja sugestiones a pocas horas del suceso con clara motivación de exonerar de culpa a la merituada institución. Lo correcto habría sido esperar a tener elementos de juicio objetivos antes de sostener lo que dijo.
Tal situación contradictoria ha suscitado molestia generalizada en la ciudadanía, al punto que los Rectores de la UMSA y de UPEA y organizaciones de El Alto piden la renuncia de los ministros de Gobierno y Economía. Asimismo, la UPEA rechaza toda tratativa presupuestaria a nivel ministerial y exige entenderse solo con el Presidente Evo Morales, silencioso sobre el problema hasta ahora.
También se cuestiona que el ardor del titular de Gobierno al defender su tesis inicial, llegara a la amenaza de procesar a quienes la contradigan y predecir a la oposición que tendrá que “tragar sus palabras”, por poner en duda el relato del titular. Estas actitudes enfáticas, al presente ponen a tan importante miembro del Órgano Ejecutivo en situación incómoda, la que parece no tener otra salida que su alejamiento del alto cargo. Todo suceso acaecido durante una gestión política y administrativa tiene como primer responsable al máximo titular del área, más aún si involucra un hecho trágico. La felicitación del Primer Mandatario no salda la responsabilidad debida.
Al margen, se impone que las autoridades universitarias recapaciten sobre que no deben movilizar a sus estudiantes por demandas que la realidad administrativa no parece respaldar de un modo claro y convincente, exponiendo las vidas juveniles, pero el tema da para largo debate.
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