Los abusos sempiternos en el supuesto Estado garantista

Pese al discurso continuo, que más que legal es de evidente trasfondo político, que afirma que vivimos una nueva era de derecho, garantista y no formal, la realidad nos muestra que jamás en el país se hizo tan mal uso del poder que da el administrar la justicia y que estamos librados a nuestra suerte en uno de los países más inseguros del mundo en cuanto a respeto de derechos básicos, entre ellos, la libertad personal.

Es afirmación sin desmentido que el Ministerio Público no representa los intereses de la sociedad, pero sí los del gobierno. Fue así desde los tiempos de la república y lo es ahora, en tiempos del Estado plurinacional. Es también evidente que la policía es una de las instituciones de mayor venalidad, donde la palabra que trata de salvar la situación, cuando dice “también hay oficiales y funcionarios probos”, no logra sacarnos de la cabeza que ya no es problema de personas, sino de instituciones.

La ley expropiatoria de las empresas, las contradicciones de las autoridades en torno de la muerte de un estudiante, el narcotráfico desatado, legisladores que trabajan de proxenetas, nos señalan que alguien debe encabezar un tiempo de cambio, que todo el mundo hace suyo como propaganda, pero que en la realidad no ocurre.

Para muestra de la inseguridad que campea en el país, les traigo a cuento lo ocurrido hace unas semanas. Un empresario artesanal, luego del peregrinar en las oficinas y en los vericuetos burocráticos dio inicio a una fábrica de bebidas alcohólicas, actividad permitida y regulada por ley nacional.

Este negocio está controlado por mega empresas, productoras e importadoras de licores, que aborrecen cualquier competencia, así sea incipiente. Ellas son las que mueven los hilos de las autoridades a punta de billetes. En respuesta a esos manejos interesados, dos días antes de la entrada folclórica de Gran Poder, a las ocho de la mañana de un día de semana, los funcionarios de la Alcaldía paceña, más una autoridad gubernamental de alto rango y el consabido pelotón de policías, asaltó la pequeña empresa. De nada sirvieron los trámites de licencia de funcionamiento (demorados por el propio gobierno municipal) menos que el propietario exhibiera permisos y autorizaciones, incluido la de SENASAG y documentos de impuestos, que demostraban su plena legalidad. Estos documentos fueron secuestrados y negado el valor de lo que atestiguaban, el dueño preso en supuesta flagrancia y como se estila, un grupo de corifeos, cámara en mano, supuestamente periodistas, llevaron la noticia a las casas de los bolivianos, quienes pudieron admirar la eficacia de las autoridades en la lucha contra el alcohol y por el bien de todos, rematado con la clausura de la fábrica y el decomiso de las espirituosas bebidas.

Traigo el caso a colación, pues en este país que nos tocó la suerte de compartir, la culpa se presume, y si es orden de autoridad o de quien manda arruinarle la existencia, usted está frito y la presunción de inocencia es seguro de culpabilidad, los papeles que demuestran su legalidad son ignorados, y su imagen saldrá en todo lado, como lo que es para sus detractores: el nuevo enemigo público.

Y la guinda para este pastel, es que usted termina en manos de un sistema judicial que solo responde a la coima, al palo mediático, o a la recomendación de fulano y zutano, donde la famosa audiencia de medidas cautelares jamás obedece a garantías constitucionales o al derecho, sino a la orden de alguien, al soborno, a la presión y a la conveniencia.

La escuela de jueces del nuevo Estado no ha frenado la gran cosecha de sinvergüenzas e iletrados en función de administradores de justicia, seguros de tener respaldo gubernamental para continuar con las fechorías que ya han hecho famosa a la supuesta justicia boliviana. A modo de colofón diremos que hay honrosas excepciones en el Órgano Judicial, pero se las puede contar sin llegar a la cincuentena, aparte de lo mucho que ignoramos, pues no es noticia el hacer justicia. Por lo mismo, no perdamos de vista la imagen de una mujer que en funciones de Juez anticorrupción negociaba fallos con abogados en consorcio, realidad más espeluznante y que nos muestra el nivel de putrefacción al que hemos arribado.

Vivir es nuestro país es una experiencia de máximo riesgo, que algunos han optado por gusto y que muchos tienen que soportar, pues nada nuevo hay bajo este sol de infamia y persecución. Si le preocupó la historia del empresario que narré, les cuento que sigue preso, con autorizaciones y papeles. Así nomás había sido.

El autor es abogado.