Gobierno pretende frenar demanda de Odebrecht

Buenos Aires.- El Gobierno de Argentina hizo ayer una presentación ante la justicia para frenar la demanda económica que la constructora brasileña Odebrecht realiza al Estado en el marco de uno de los contratos que es investigado por el pago de sobornos en el país austral, informaron ayer fuentes oficiales.

En concreto, la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y Minería y la Procuración del Tesoro solicitaron una “medida cautelar” que busca “proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado”.

Odebrecht, que en 2016 reconoció el pago de sobornos en contratos públicos con el Gobierno argentino entre 2007 y 2014 (bajo la Presidencia de Cristina Fernández) por 35 millones de dólares, presentó ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un reclamo de más de 450 millones de pesos (18,06 millones de dólares al cambio actual) y 45 millones de dólares.

“El pedido de la empresa se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 pero que ahora está cuestionado ante la justicia”, remarca un comunicado difundido por la OA.

JUZGADO FEDERAL

En la medida cautelar pedida por el Gobierno ante el Juzgado Federal número 3 de Buenos Aires se “repudia una noción básica de justicia y equidad, el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva”.

“Lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en los EEUU”, se sostiene en el escrito.

Para los representantes del Estado argentino, “configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto”.

EXMINISTRO

En marzo pasado, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento del exministro de Planificación Julio De Vido (2003-2015) y otros exfuncionarios al considerar que crearon un “sistema normativo para favorecer a Odebrecht” otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN.

Se investiga si esos funcionarios “desviaron la voluntad del Estado para favorecer indebidamente a la firma”.

Es por eso que el Gobierno solicita a la Justicia que impida el reclamo de la constructora, “basado en contratos que fueron obtenidos en forma ilícita” por los que ya cobró 18.000 millones en la ejecución de las obras.

En Argentina actualmente existen tres causas en curso por los presuntos sobornos de Odebrecht.

Además del plan de ampliación de gasoductos por el que la empresa reclama la indemnización, se investigan los contratos para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires y con la empresa pública Aguas y Saneamiento Argentinos. (EFE)