En menos de dos meses Gobierno enfrenta dos grandes conflictos

Dos conflictos de extensa data, el mecagampo Incahuasi y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) han complicado al Gobierno. El senador Omar Aguilar (MAS) reconoce un “desgaste” político.

“Toda movilización cívica y política de sectores y organizaciones de una ciudad o departamento siempre genera desgaste político a la gestión del presidente (Evo Morales). En el caso de Chuquisaca ha generado un desgaste importante; al igual que en el caso de la UPEA, también está generando un desgaste”, declaró Aguilar a ANF.

Ni bien Chuquisaca terminó el conflicto por Incahuasi el 15 de mayo con la realización de un cabildo; la UPEA resolvió reactivar sus movilizaciones exigiendo al Gobierno nacional un mayor presupuesto para esa casa superior de estudios.

Las autoridades y la dirigencia cívica en Chuquisaca se unieron en rechazo a la delimitación de límites que determinó que el pozo gasífero Incahuasi está en territorio cruceño, que fue validado por un segundo estudio encargado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Marchas, vigilias, piquetes de huelga de hambre hasta un paro cívico fueron las medidas de presión, desde el 30 de abril hasta el 15 de mayo. La policía intervino un bloqueo en Macharetí que fue condenado por las autoridades chuquisaqueñas.

El lío se cerró a pocos días de celebrarse el Primer Grito Libertario, acto al que el presidente Evo Morales no asistió, ante la posibilidad de que la ciudadanía exprese su rechazo por la pérdida de Incahuasi.

Incluso los líderes opositores de esa región señalaron que no correspondía que el mandatario arribe a Sucre pues para la población no había nada que celebrar.

El 15 de mayo, la UPEA reactivó sus demandas dirigidas al Gobierno, como un mayor presupuesto. También realizaron marchas, pero el detonante en el conflicto fue la muerte de un estudiante el 24 de mayo.

Jonathan Quispe murió a consecuencia de una canica que fue disparada desde una escopeta lanza gases. Aunque la primera declaración del ministro Carlos Romero responsabilizó a los mismos estudiantes del fallecimiento del estudiante, en medio de versiones contradictorias.

Ahora la comunidad de la UPEA pide la renuncia del ministro Romero y exige dialogar directamente con el Jefe de Estado. Mantiene sus piquetes de huelga y continuará con las movilizaciones. Su paro cívico de 48 horas se realizó de manera pacífica, aunque para el Gobierno fue un “fracaso”.

El diputado Víctor Borda no cree que exista un costo político producto de estos problemas. “Entiendo que no hay un costo político”, sostuvo el legislador a diferencia de su colega Aguilar.

“Desde la recuperación de la democracia hasta el 2005 ¿cuántos han fallecido a consecuencia de represiones? ¿A cuántos policías se les ha identificado? Toda una vida se los ha encubierto. Ahora se está dejando un antecedente histórico para decirles que el límite de la represión del funcionario policial es la no vulneración de derechos y garantías, el límite es la vida”, sostuvo. (ANF)