Piden informe por denuncia estancada en Fiscalía

La Fiscalía Departamental de La Paz se resiste a iniciar investigación contra jefes militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), presuntamente, involucrados en la compra irregular de ocho motores de avión, hecho denunciado en octubre de 2016, por lo que se remitió una petición de informe al Ministerio Público para que explique por qué el proceso está estancado, declaró la asambleísta por Unidad Demócrata (UD), Rosemary Sandoval.

“La petición de informe está dirigida al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que a través de él, Edwin Blanco, el fiscal departamental de La Paz de cuenta acerca del estado de la investigación sobre la denuncia que presentamos por irregularidades en la Fuerza Aérea por la compra con sobre precio de ocho motores de avión y otras ilegalidades que se cometieron”, afirmó Sandoval.

La diputada detalló que el daño económico al Estado asciende a cerca de medio millón de dólares y recordó que el Ministerio de Defensa, inclusive, se constituyó en parte coadyuvante de la investigación.

Criticó que la Fiscalía realice investigaciones en tiempo récord cuando se trata de casos que implican a políticos opositores y son direccionadas por el Gobierno, pero cuando se trata de verdaderos casos de corrupción no se tiene la celeridad.

JUNIO DE 2016

La denuncia fue presentada el 27 de junio de 2016 contra funcionarios de la FAB por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley y daño económico al Estado.

Según el detalle, los motores adquiridos por “excepción a la Empresa SAE” solo estuvieron en funcionamiento un año.

Entre otras irregularidades, se denunció la compra con sobreprecio de un inmueble donde ahora funciona Transporte Aéreo Militar (TAM), compras de aeronaves usadas con crédito de la República Popular de China que tampoco funcionan, pero se sigue pagando por las mismas.

Sandoval reveló que en enero de 2017, el fiscal Guerrero ya había informado que el caso continuaba en etapa preliminar.

El 14 de mayo de 2017, se conoce que la Fiscalía conminó a los investigadores a continuar con la investigación, señalando responsabilidad sobre ellos.

Por último, detalló que arguyendo una falta de documentos, la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se negó a conformar una comisión para investigar dichas irregularidades, a pesare de que el exminsitro de defensa Reymi Ferreira confirmó dichas denuncias.