Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, a pesar de su denominativo de “populistas”, han derivado en liberticidas y genocidas de sus pueblos. Entre abril y julio de 2017, el gobierno venezolano dio fin a la vida de más de 100 personas y su homólogo nicaragüense suma a la fecha más de 130 asesinados desde el 18 de abril, siendo un país menor al del imperio de Nicolás Maduro.
Estas dictaduras, refugiadas en el continuismo, recurren a la matanza más despiadada, mientras su programa, si alguna vez lo tuvieron, está gastado y agotado y no conmueve a ningún sector de sus pueblos. La rebelión en Nicaragua ha paralizado el 70% de los caminos y carreteras, y la población civil, incluidos los sectores que fueron adictos a Ortega, unidos se proponen el bloqueo del 100%.
En ambos países, el populismo ha engendrado un nueva oligarquía de privilegiados y corruptos, oligarquía que logró entronizar una verdadera monarquía o reinado con Daniel Ortega a la cabeza del Estado y su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Este exceso fue posible por la complicidad de los poderes legislativos o “constituyentes” y de los tribunales, uno y otro fruto de maniobras y fraudes.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron por la torpe reforma del sistema de seguridad social, que a poco y ante las protestas callejeras fue revertida, pero era tarde, porque ahora el pueblo de Sandino exige la renuncia de Ortega y no pone tasa ni medida al sacrificio de vidas juveniles –sector héroe en la defensa de la democracia y del derecho- y del sacrificio del pueblo llano.
La OEA -bastante contemplativa hasta ahora en el caso de Nicaragua- ha enviado una comisión investigadora de los atentados de lesa humanidad, ordenados por Ortega a las fuerzas policiales y antimotines, además de grupos armados parapoliciales, sembradores de gran número de muertes, solo sobrepasadas por las de los años 80 en la lucha contra el trujillismo. También la OEA en su 48º Periodo de Sesiones aprobará una resolución de apoyo al pueblo de Nicaragua, y se espera medidas similares a las sanciones del organismo contra el Gobierno de Venezuela, luego de conocer el informe de la comisión que trabaja in situ.
No puede proceder algo distinto, después de los métodos sanguinarios que practica Ortega. No sólo reprime las marchas, sino que detiene a decenas de manifestantes, sometiéndoles a torturas, da de alta presurosa a heridos, ataca ambulancias y se vale de las formas represivas más crueles. Pese a la pesadumbre latinoamericana por los crímenes contra la población hermana, los medios de comunicación del continente no están concediendo la necesaria atención y difusión de estos hechos de una conmovedora realidad.
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