130 muertos por represiones en Nicaragua

Masaya (Nicaragua).- El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, cifró ayer en 130 las víctimas mortales de la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril y acusó de esos fallecimientos a grupos afines al Gobierno.

“Presentamos, tristemente, 130 ciudadanos que han sido vilmente asesinados y ejecutados por la institución policial y los grupos paramilitares”, aseguró a la agencia EFE Leiva durante la presentación de un informe preliminar en la ciudad de Masaya, una de las más afectadas por los ataques durante los últimos días.

El abogado, quien aseguró que el fin de su institución es promover y defender los derechos humanos de todos los ciudadanos “sin excepción”, aseveró que “no hay voluntad” del Gobierno por cambiar “la radiografía” del país, y reiteró que sigue promoviendo “la injusticia, la indolencia y la impunidad”.

PROTESTAS CÍVICAS

Después de las protestas cívicas y pacíficas que se desataron desde el pasado 18 de abril, su asociación cifra en 130 las víctimas por la “presión, muerte y derramamiento de sangre” y recordó que su entidad había presentado una denuncia contra el presidente Daniel Ortega, que al final no prosperó.

A juicio de Leiva, estas “masacres” solo traen “dolor y luto” para la población y añadió que solo en la ciudad de Masaya fallecieron 10 personas en los últimos días, mientras que unos 62 resultaron heridos.

La mayoría de los asesinados, añadió, son por un disparo certero en la cabeza o en el tórax, una precisión que les hace ver que es propinada por policías o militares, grupos preparados y francotiradores.

“No somos enemigos del Gobierno, solo promotores de derechos humanos”, aseveró a la Agencia EFE, y lamentó las críticas del ejecutivo a su labor cuando han estado ayudando a la liberación de prisioneros “de cualquier sector” porque su única misión es “salvar vidas”.

Las protestas contra el presidente Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido en una reclamación que pide su renuncia entre acusaciones de abuso de poder, ejecuciones extrajudiciales y corrupción.

Mientras la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos cifra en 130 las muertes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó 127 fallecimientos a causa de la violencia y denunció un “agravamiento” de la represión desde que visitó el país centroamericano hace apenas dos semanas.

DIÁLOGO

Los obispos dijeron ayer que expresaron al presidente Daniel Ortega el “dolor y angustia” que sufre el pueblo por la violencia que ocurre en Nicaragua y añadieron que transmitieron al mandatario la agenda que diferentes sectores quieren discutir en el diálogo nacional, que incluye la democratización.

El cardenal Leopoldo Brenes, quien ayer dio a conocer un comunicado de la Conferencia Episcopal (CEN), al que tuvo acceso El Nuevo Diario, tras la reunión con Ortega, dijo que el futuro del diálogo depende ahora de la respuesta que dé por escrito el mandatario al planteamiento que se le ha transmitido.

A ortega se le entregó “la agenda consensuada en el diálogo nacional sobre la democratización del país, le hemos entregado la propuesta que recoge el sentimiento de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la misma mayoría de la población. Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible”, indica el mensaje de la CEN tras la cita con Ortega. Según Brenes, de la respuesta del mandatario dependerá el futuro del diálogo en Nicaragua.

“Una vez que el Presidente de la República nos haya respondido formalmente, convocaríamos a la mesa plenaria del diálogo nacional, para valorar dicha respuesta y por lo tanto la factibilidad de continuar el mismo diálogo nacional”, precisó Brenes.

El encuentro entre los obispos y Ortega se dio esta tarde en la Casa de los Pueblos, en Managua, en privado.

ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció ayer que restringirá visas a varios funcionarios nicaragüenses por estar involucrados en la violación de los derechos de los nicaragüenses que han salido a protestar desde el pasado 18 de abril contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Aunque no se precisa quiénes son los funcionarios afectados debido a las leyes de confidencialidad de los EEUU, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró en un comunicado accedido que entre los sancionados están miembros de la Policía Nacional, autoridades municipales y una autoridad del Ministerio de Salud (Minsa) junto a sus respectivas familias.

“Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos y los que debilitan la democracia no son bienvenidos en Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en el comunicado de prensa accedido por La Prensa.

La comunicación, tuiteada por el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Francisco Pamieri, agrega que los sancionados han operado con impunidad a lo largo el país, incluyendo Managua, León, Estelí y Matagalpa. (Agencias)