Gobierno alienta ilegalidad al imponer norma inaplicable

Al establecer requisitos para la adecuación de concesiones a la Ley Minera 535 y que en muchos casos son difíciles de cumplir, el Gobierno sólo alienta la actividad ilegal. Ante ese escenario, los directivos de la Cámara Nacional de Minería señalaron que el sector está desprotegido, ya que no hay una política a favor de la pequeña minería, sostuvo ayer el presidente de la entidad privada, Henry Campos, quien asumió ese cargo recientemente.

El Ministerio del ramo otorgó un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes de Adecuación Directa, a través de la Resolución Ministerial Nº 124/2018, de 21 de mayo de 2018, que incorpora la Disposición Transitoria Décima al Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros. El plazo será computable a partir del 18 de junio de 2018, y aplicable al segundo grupo de adecuación directa.

Informó, según datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), un primer grupo estaría conformado por 1.368 interesados que presentaron la documentación y de ese número 996 presentaron los requisitos, pero es previsible que de tal grupo una mitad podría ser observado.

OBSERVACIONES

Al respecto, Campos señaló que la referida disposición no es tan directa, ya que establece una serie de condiciones que será difícil de cumplir por los mineros chicos. “El gobierno exige cumplimiento de la normativa, pero ellos incumplen la misma norma”, señaló al indicar que el resultado de la norma del Gobierno se refleja en el bajo grado de adecuación logrado hasta el presente.

“La ampliación o adecuación directa, entre comillas, requiere una serie de requisitos y exigencias, que el sector no podrá cumplir, y es por ello que estamos desesperados, y esperamos que se pueda modificar esta situación”, dijo el directivo. Indicó que pese a reuniones realizadas con el Ministerio, a la fecha el sector no recibe apoyo de las autoridades.

Lamentó que la AJAM, que tiene por objeto apoyar y regular el sector minero, se haya convertido en una entidad recaudadora, debido a los cobro que realiza por los trámites que se gestionan.

“Estamos esperanzados que el Gobierno l pueda atender nuestro pliego petitorio”, dijo al señalar que a pesar que en la Constitución se señala el respeto a los derechos preconstituidos, las normativas elaboradas por las autoridades hacen que el sector sea presa de la informalidad.

REQUISITOS

Explicó que muchos de los requisitos no se podrán satisfacer, debido a los gastos que se requieren y por lo complicado de algunos, entre ellos se tiene un plan de inversiones, conversión a empresa de Responsabilidad Limitada, (S.R.L) y el trámite de licencias ambientales.

Informó que la normativa establece la creación de un Fondo de Adecuación, situación que a la fecha no se ha plasmado, en razón a que no se contarían con recursos del Gobierno.