Bolivia enfrenta 12 arbitrajes por 1.500 millones de dólares

El Estado boliviano debe pagar alrededor de 1.500 millones de dólares por 12 arbitrajes internacionales, verificados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)., según datos que proporcionó el diputado de UD, Wilson Santamaría.

Ante esto, el legislador emitió un informe escrito al Procurador General del Estado para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.

A la vez observó que los daños económicos al Estado que están en el marco de los pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa por el caso de Quiborax, proceso que se interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

“Con el Gobierno del presidente Evo Morales tenemos deudas mucho más altas, mayor cantidad de procesos no hay tal nacionalización. En realidad lo que ha ocurrido son procesos por compra de las acciones que pasan por un espacio de conciliación para renegociar la cantidad. En estos 12 casos el Estado debe pagar 1.500 millones de dólares”, dijo el legislador.

PROCESOS

De los 12 arbitrajes internacionales, cuatro de estos ya fueron concluidos, el estado fue notificado con la sentencia en el caso Eurotelecom, Aguas del Tunari y de Pan American Energy, en este último se conoció el dictamen hace un par de meses, pero que no hay acceso a la información.

El último fue el caso Quiborax, el Ciadi emitió un dictamen donde el Estado debía pagar 48.6 millones de dólares este fue negociado y se llegó a un acuerdo para el pago de 42.6 millones de dólares.

Santamaría dijo que el gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas que exigen el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación con sanciones impuestas al Estado por arriba de los 900 millones de dólares.

INFORME

El legislador envió una petición de informe escrito al Procurador General del Estado, porque es la instancia que hace seguimiento a los procesos internacionales que enfrenta el Estado, quien deberá explicar las acciones de defensa durante los períodos de arbitraje en todos los casos, incluido el caso de Quiborax.

De la misma forma piden al Procurador aclaraciones sobre el juicio de las empresas Abertis de España por el tema de los aeropuertos, la reversión al Estado de los complejos Vinto-Estaño, Vinto-Amoniaco y el control del Centro Minero Colquiri y la empresa india Jindal Stell-Bolivia.

El opositor demanda explicaciones sobre el proceso iniciado por la AIR-BP, subsidiaria de la empresa Británica Bristish Petróleum que mandó a Estado y la notificación de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, llegó el 17 de agosto de 2010.

¿QUÉ ES UN ARBITRAJE?

El arbitraje es un mecanismo utilizado para la resolución de disputas o controversias mercantiles, alternativo al proceso judicial y elegido por voluntad de las partes (empresas que mantienen una relación contractual y entre las que surge el conflicto comercial).

Por tanto, el sometimiento al arbitraje es siempre voluntario y responde a un acuerdo entre las partes, quienes elegirán el o los árbitros, el idioma, el lugar y la ley. Es el árbitro (pueden ser varios) el encargado de buscar solución al conflicto.

Asimismo un arbitraje internacional es cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados, o tienen nexos significativos con un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional está regulado por convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales.