Responsabilizan a jueces y Régimen Penitenciario por retención de reos

La permanencia de privados de libertad dentro de las cárceles, habiendo cumplido sentencia, es un grave error atribuible a Régimen Penitenciario y a los jueces penales, afirmó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo.

“La Constitución Política del Estado (CPE) determina que el derecho a libertad es uno de sus contenidos fundamentales, por lo que la sola vulneración de esto implicaría responsabilidad penal. Lo que me preocupa es que el Ministerio de Gobierno, que es el encargado de administrar los recintos penitenciarios, (…) que cuentan con equipos multidisciplinarios, no ejecuten las sentencias judiciales, por negligencia o irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones. Hacemos un llamamiento vehemente para que el juez de ejecución de penas sea responsabilizado, vamos a pedir que el Ministerio Público o el Ministerio de Gobierno les inicien los procesos penales por incumplimiento de deberes”, sostuvo.

Estas afirmaciones fueron realizadas luego de que se conociera que en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, cerca de 50 internos que cumplieron su sentencia siguen recluidos. El magistrado Edwin Aguayo dijo que este hecho se considera una grave falta, atribuible al Régimen Penitenciario y a los jueces penales.

Al respecto, el presidente del Concejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, no descartó el inicio de procesos disciplinarios en contra de los jueces de Ejecución Penal en el distrito judicial de Santa Cruz.

“A simple vista, tendría responsabilidad cada juez, por cuanto existen jueces de ejecución penal, quienes deberían observar el cumplimiento de las sentencias y ver los mecanismos para que han cumplido sus sentencias se beneficien con lo que les corresponde, la libertad en este caso. Por tanto, el Consejo de la Magistratura va tomar cartas en el asunto”, afirmó.

70% DETENIDOS PREVENTIVOS

Estadísticas recientes de la Dirección General de Régimen Penitenciario, a cargo de Jorge López, en Bolivia existen 18.000 personas privadas de libertad, de esta cifra el 70% corresponde a detenidos preventivos y solamente el 30% a sentenciados.

Por esta y otras razones, el Ministerio de Justicia instruyó el domingo a las autoridades judiciales realizar  una investigación minuciosa en las cárceles del país, para detectar la permanencia de presos que hubieran cumplido su pena. Al respecto, se produjo el escadaloso caso de José Alonzo, un sentenciado a tres años de privación de libertad y que permaneció recluido por más de siete años.

“Desde el Ministerio de Justicia, se ha instruido a los jueces que se haga una revisión minuciosa de los casos. No puede aceptarse una situación como esa, porque es una grave vulneración de los derechos”, remarcó el viceministro de Transparencia y Justicia, Diego Jiménez, tras señalar que esa situación es un descuido reprochable de las autoridades judiciales. (EL DIARIO – Agencias)