Políticas públicas para superar la pobreza energética

La Comisión Europea tiene una nueva institución a cargo de la problemática: el Observatorio de Pobreza Energética para mejorar las condiciones de hogares europeos con problemas para calentar, refrigerar o iluminar su vivienda. “Combatir la pobreza energética es una prioridad política”, indicó el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori.

Un caso paradigmático: un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo comprueba que en América Latina, Uruguay paga una de las tarifas eléctricas más cara, dejando así el hecho de que esa pobreza energética llega, de una u otra forma, a toda la sociedad, dado el elevado coste de la factura.

La pobreza energética puede ser por ausencia de políticas estatales que generen mejores accesos, o como el caso uruguayo, del que tomamos como ejemplo, tarifas elevadas considerando el medio económico en el que las familias y hogares deben desempeñarse.

La pobreza energética también puede ser por mala planificación: uso de dineros destinados a infraestructuras que no cubran necesidades o, como en el caso uruguayo, la incorporación de generación eólica “verde” con elevados costes, subvencionados por el Estado, que posteriormente fueron hundidos en las facturas a usuarios.

Tampoco la idea fundamentalista de sustituir el petróleo, carbón a toda costa, va a generar mejores oportunidades de acceso y sí más bien existe la posibilidad de incrementar la denominada pobreza energética.

Si bien es cierto que el mandato global es reducir las emisiones de carbono, tampoco es verdad que el petróleo es enemigo de la sociedad. Y el gas natural es un elemento energético de transición que aún no está siendo utilizado adecuadamente. Porque el uso del petróleo y gas sumado a las renovables continuará siendo un mix por muchísimo tiempo más.

Volviendo al ejemplo uruguayo, donde hay excelente capacidad de generación vía agua, la excesiva introducción de las infraestructuras eólicas y solar, ese país está entre las naciones con alta pobreza energética, cabalmente por la suba de tarifas por la transición violenta a las renovables. De manera que Uruguay se transformó en el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica de América Latina, porque en el caso citado, la intermitencia en el servicio de generación vía renovables ha llegado a lastimar el grado de confianza en la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico, por la obvia dependencia climática de la eólica -y de la solar-, porque aún se requeriría mayores ajustes en las tecnologías que permitan, cabalmente, ver con gradualidad la administración de electricidad generada vía renovables para conectarla a la red principal.

La pobreza energética tiene un resultado palpable en la sociedad: enfermedades y pérdida de vidas humanas. El derecho a la vivienda va acompañado del derecho a tener una vivienda con temperatura adecuada en su interior, para evitar daños a la salud. Para el caso español: el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) indica que la pobreza energética podría ser causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras cada año durante la estación invernal.

Quizá una de las respuestas pueda ser la autogeneración mediante equipos unifamiliares o pequeñas redes de baja tensión desconectados de la red principal.

Un elemento importante que debe ser estandarizado en Latinoamérica es, por ejemplo, que en situaciones de “corte” del servicio, de las empresas de suministro eléctrico o de agua, o gas, por razones de facturas impagas, debería haber un dictamen previo de los servicios sociales del Municipio para certificar que ciertos hogares podrían estar dentro de la categoría de sufrir pobreza energética. De manera que no opera el corte cuando ciertamente se compruebe que ese hogar no puede costear la factura o que utiliza más del 10% de su ingreso para cubrir la factura.

Para concluir, resalto que la pobreza energética en España es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico (informe de Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, en “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis”. Según ese estudio, el promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 2014 es de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa un promedio de 7.100 muertes al año).

El debate continuará entre volumen de generación, coste de la introducción de renovables vs fósiles y tarifas y capacidades de acceso a redes principales o de autogeneración. Son elementos que deben ser solucionados en políticas públicas modernas. Pero todo se puede resolver vía políticas públicas coherentes y alejadas del fundamentalismo de algunas posturas políticas.

@BorisSGomezU