Caso Quiborax
• Vicepresidente y el Procurador General del Estado ratificaron que el expresidente es el principal responsable para el resarcimiento de $us 42,6 millones
El expresidente Carlos Mesa sugirió que el Estado boliviano debe iniciar un proceso penal contra la empresa chilena Quiborax por la presentación de un acta falsa que fue base del laudo internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (Ciadi).
En el mismo contexto dijo también que el actual procurador general, Pablo Menacho, y sus antecesores deben ser procesados por la deficiente defensa que asumieron en el laudo internacional, ya que a pesar de conocer la documentación falsificada no presentaron recursos legales acordes al proceso.
“Lo que corresponde es intentar recuperar los 42.6 millones de dólares a través de un proceso judicial con la base de esa falsificación y cuando menos debiera proceder a enjuiciar al Procurador General y sus antecesores en el cargo, por daño económico al Estado porque permitieron que siguiera adelante y presentaron algunos recursos que le fallaron”, señaló el vocero de la causa marítima.
Por su parte el presidente en ejercicio, Álvaro García, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, por separado rechazaron las declaraciones de la exautoridad, en sentido de que el Gobierno no hubiera hecho nada respecto al documento falsificado que usó la firma para el inicio de juicio.
“Lo que el señor Mesa saca con esta información es un señuelo para despistar de un tema central”, dijo García durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
En ese contexto añadió que el tema de fondo es por qué un presidente realizó en un procedimiento irregular que no estaba enmarcado en la Ley de Minería.
Complementó que el tema de fondo es “por qué un presidente, en lugar de usar el procedimiento que corresponde para recuperar los recursos naturales, usó otro procedimiento que no era el legal” y que al final dio origen al proceso contra Bolivia.
FALSIFICACIÓN
Mesa presentó un memorial ante la fiscalía general donde puntualizó la falsificación de un acta de accionistas de Non Metallic Quiborax, que fue confesado por David Moscoso, principal accionista de la firma. Documento que fue base para la demanda ante la Ciadi contra el Estado boliviano.
El 2015 se conoció que, el entonces procurador, Héctor Arce, solicitó la nulidad del arbitraje por la verificación del acta falsificada. Ante esto, Menacho señaló que incluso se recusaron a los miembros del tribunal internacional.
Por otra parte, Menacho retó al exmandatario a demostrar que procedió bajo las normas legales vigentes en ese entonces para la reversión de las concesiones de litio en el salar de Uyuni.
Entre estos, presentar las seis auditorías que debía hacerse bajo mandato de la Ley 2564, los documentos sobre el procedimiento de nulidad de concesiones en base al Código Minero y los informes técnicos que respaldaron la reversión.
PROCESO
Por último, el procurador dijo que continuarán con el proceso contra el expresidente por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, y conducta antieconómica.
“En el ámbito netamente jurídico no político, la Procuraduría ha presentado su proposición acusatoria ante la Fiscalía General y es en ese ámbito que se va a llevar adelante a objeto de la determinación de todo el daño que se ha causado al Estado boliviano que de acuerdo a este tribunal (Ciadi) recae sobre la medida adoptada por Carlos Mesa”, afirmó.
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