Cochabamba
El Ministerio Público ejecutó ayer la orden de aprehensión contra la jueza Sara Céspedes, acusada de prevaricato al haber unido los casos mochilas I y II contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informó el fiscal departamental Óscar Vera.
El Ministerio Público de Cochabamba ordenó la aprehensión de la jueza Anticorrupción Sara Céspedes por la presunta comisión del delito de prevaricato al unir los dos procesos relacionados con la compra de mochilas escolares chinas.
Según el fiscal departamental de Cochabamba, Ocar Vera, la acusación contra la juez se sustenta en la emisión de resoluciones contrarias a la ley debido a que en un primera instancia, el 5 de junio, negó la acumulación de los procesos solicitada por la defensa de Leyes, pero contradictoriamente de oficio dispuso que los casos se unieran.
“Se ha podido establecer suficientes elementos de convicción acerca de la autoría, indicios acerca de obstaculización y por lo cual se ha procedido a emitir la orden de aprehensión que ha sido ejecutada a primeras horas de la mañana de hoy”, informó el fiscal Vera.
En criterio del fiscal de Cochabamba, las decisiones de la juez Céspedes han ocasionado perjuicio y han obstaculizado el proceso, por lo que en las siguientes horas deberá presentarse a la audiencia de medidas cautelares bajo imputación de delito de prevaricato, instancia que resolverá su situación judicial.
No obstante, según reportes de prensa emitidos desde Cochabamba, la aprehensión de Céspedes no fue ejecutada debido a una descompensación en su presión arterial, por lo que fue trasladada a la Caja Nacional de Salud.
APELACIÓN
Recientemente el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, manifestó su desacuerdo con las decisiones de la juez Céspedes sobre su determinación de unir los dos casos mochilas I y II, por eso pidió su alejamiento y anunció que apelará tal determinación.
En ambos casos, denominados “mochilas I y II” está implicado el alcalde de Cochabamba actualmente suspendido, José María Leyes, quien guarda detención domiciliaria por el primer caso. Entretanto, se aguarda la determinación judicial respecto de la situación de la autoridad edil frente al nuevo escenario jurídico definido por la juez Céspedes.
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