
ECONOMÍA Y FINANZAS
El año pasado, Bolivia pagó US$ 2 millones de multas a Argentina por no haber enviado el volumen requerido de gas y ahora, desde mayo, las cifras de los nuevos incumplimientos se están acumulando, para que al final del trimestre se aplique una nueva multa.
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La información del embajador argentino, Normando Álvarez, fue motivo de varios intentos de aclaración o desmentido por parte de YPFB, pero se sabe que en este momento, los responsables de asignar los volúmenes de exportación enfrentan el dilema de enviar menos gas a Argentina o a Brasil, porque la producción no abastece.
La producción, de 54 millones m3/d, tiene un déficit de 10 millones frente a la demanda, que comprende 30 millones para Brasil, 21 millones para Argentina y 14 millones para el mercado interno, lo que suma 65 millones.
Destinar un volumen menor de gas al consumo interno quizá sea más cómodo, porque no hay penalidades, que no sea el hecho de que se estaría violando la disposición constitucional por la cual la primera prioridad es atender el mercado interno.
La multa del año pasado fue pagada en gas natural, dice la información del embajador Álvarez, lo que seguramente es una mala noticia para las regiones productoras, porque no van a recibir el IDH de esos volúmenes ni se aplicarán las regalías.
Ante todos estos hechos, la solución que tiene YPFB es aplicar el hermetismo informativo. Sobre la multa del año pasado ha tenido que ser el embajador argentino que venga a dar la noticia a los bolivianos.
• Ante esta crisis, la empresa rusa Gazprom anunció que podría duplicar la producción actual de gas natural en Bolivia usando métodos que aplica en los campos de Siberia, desde donde abastece al mercado europeo.
Pero esa no es una solución para el problema boliviano, que es la falta de reservas. Acelerar la producción sólo provocaría que las reservas actuales se agoten más rápidamente, quizá en dos años.
Además, la razón por la cual los campos San Alberto, San Antonio y Margarita se están agotando antes de tiempo es que fueron sometidos a una fuerte sobreexplotación, ordenada por las autoridades de YPFB.
Lo malo es que los acuerdos a los que está llegando el presidente Evo Morales en Rusia no se refieren a la exploración, que sería la única forma de aumentar las reservas, para que los actuales campos no se agoten en cinco años, como dicen los expertos.
Según la publicación oficial del Gobierno argentino, Bolivia no ha cumplido con los requerimientos de aumento en volúmenes acordado para el invierno por lo que estaríamos a punto de incurrir en una nueva ronda de penalidades por no enviar el gas suficiente.
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YPFB anuncia que el derrame de amoniaco de la planta de Bulo Bulo ha sido controlado y que el seguro contratado pagará todos los daños ocasionados al medioambiente y a las personas. |
Pero se reveló que esta es la tercera vez que la flamante planta que costó US$ 953 millones provoca este tipo de accidente y los habitantes de la zona dicen que nadie se ha ocupado de ellos ni YPFB ni la aseguradora. |
Colapso de servicios Apagones en el campo y las principales ciudades, escasez de gasolina y de gas domiciliario, falta de agua potable y la desaparición del transporte público se suman a la escasez de alimentos y productos de primera necesidad. El colapso de los servicios básicos es el nuevo desafío para los venezolanos y el socialismo del siglo XXI. |
Falta de confianza A pesar del financiamiento, firmado con el Fondo Monetario Internacional, por 50.000 millones de dólares con los que el Gobierno argentino espera "construir confianza", bajar la "incertidumbre" y fortalecer la economía; la población Argentina aún está buscando dólares y en algunas regiones hasta bolivianos como refugio monetario. |
Exportación al alza El valor de las exportaciones mineras de Perú aumentó en 27,2 por ciento en el mes de abril frente al mismo período de 2017. El aumento se debe principalmente al crecimiento en las exportaciones de cobre y zinc. Según el Banco Central del Perú, la minería logró elevar el volumen de las exportaciones mineras en 10,4 por ciento. |
Lo bueno Es que el Gobierno ha cerrado el caso Quiborax pagando una multa de US$ 42 millones a la empresa chilena, con una rebaja de US$ 5 millones respecto del monto fijado por el Ciadi. |
Lo malo Es que al mismo tiempo, el Gobierno ha decidido culpar de todo ello al expresidente Carlos Mesa, quien nacionalizó los yacimientos de ulexita que eran explotados por la empresa chilena. |
Lo feo Es que el Gobierno podía haber pagado solamente US$ 3 millones de multa, y no US$ 42, sujetándose a un acuerdo que estaba al alcance de la mano en 2009, pero no lo hizo por negligencia e ineptitud. |
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