Es casi común en la vida de los países, que se presenten situaciones de corrupción entre personas que han violado las leyes, que purgan sus delitos en las cárceles, conjuntamente policías y hasta fiscales que por ley están obligados a investigar delitos y cuidar que se cumplan las normas. En varias oportunidades hubo en nuestro país denuncias en sentido de que existe una “red de corrupción entre presos, policías y fiscales”; estos extremos se han dado con mucha persistencia por la debilidad y mal funcionamiento del Poder Judicial que, en toda condición y situación, debe ser el salvaguarda de la justicia.
Fiscales que se han prestado a actos delictivos conjuntamente algunos policías y en concomitancia con presos comunes que se encuentran en cárceles; presos que poseen poder y dinero, logrados en tiempos de su vida libre, y que se encargan de corromper a algunos policías y hasta fiscales que se prestan a ser cómplices de hechos contrarios a la ley.
Mucho se ha dicho que “la ley descansa en la honestidad de jueces, fiscales y encargados de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes”; pero cuando surgen intereses creados, conveniencias que muchas veces responden a políticas ajenas al bien, se dan los casos en que se cumple aquello de que “el dinero lo compra todo y hasta las conciencias se vende”; una verdad que, para vergüenza y pesar del ser humano, hay en muchas sociedades que no saben exigir debidamente a sus cuadros judiciales y policiales el acatamiento a la moral y a las leyes.
La corrupción ha complicado en diversas ocasiones a jueces que, conjuntamente fiscales y policías, han violentado las leyes, sobre todo han causado la desconfianza de la colectividad y han logrado que se repita el dicho: “la justicia boliviana es la peor injusticia”, algo que si bien se puede atribuir a algunos funcionarios, no es general, porque hay jueces, fiscales y policías que son conscientes y responsables, honestos y honrados en el cumplimiento de sus deberes; entonces no caben las generalizaciones que hieren a todos.
El hecho de que aún existan algunas redes o mafias delictivas en algunas cárceles da razón al hecho de que el narcotráfico ha ingresado grande y gravemente en estos recintos y bien puede atribuirse mayores grados de corrupción a la presencia de elementos que sirven al negocio de las drogas y comprometen a presos en la consumación de muchos delitos. Son, pues, las autoridades, tanto del gobierno central como de la Policía, las que deben tratar de corregir toda situación anómala en los recintos carcelarios y una forma sería la construcción de cárceles modelo, donde haya realmente educación y formación en valores para quienes purgan por delitos o faltas cometidas en perjuicio del país.
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