Responsabilidad colegiada

El pedido de Bolivia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para que amplíe el plazo para la entrega de contramemoria, en el juicio por las aguas de manantiales del Silala -conforme declaración oficial, por falta de más elementos científicos para “nutrir” una mejor respuesta técnica y jurídica, así como carecer de tiempo para la impresión y la encuadernación del documento-, denota inaplicación y dejadez, en comparación con el esfuerzo paralelo de compatriotas comprometidos en el actual triunfante esfuerzo nacional por el tema del mar.

El desafío hoy es la defensa de nuestros intereses en el marco de objetivos estratégicos nacionales en grado superlativo, a través de la convocatoria a nuestros mejores profesionales en derecho internacional público y privado, a historiadores, investigadores, geodestas, etc. Así como a instituciones civiles y militares de asesoramiento geográfico, geológico e hidrogeológico para el presente caso, que sí los tenemos. Lo anterior sorprende a la opinión pública, que estaba convencida de que esa instancia se encontraba organizada y dispuesta íntegramente a la preparación de la contramemoria en tiempo y espacio ante la CIJ de La Haya, cuyos plazos comenzaron a correr.

Es indudable que la Comisión cuenta o debería contar con un cronograma impostergable, perentorio e ineludible de plazos para hacer frente a la presente instancia internacional. Consiguientemente, por ninguna circunstancia deberá paralizarla y peor postergarla. Este ente responsable para el actual tema debe estar consciente de la evolución de acontecimientos, particularmente en el contexto público internacional; específicamente teniendo en cuenta que el país oponente (que nada improvisa) entregó su demanda en junio de 2016 y al presente ha conformado un verdadero Estado Mayor para contrarrestar la estrategia boliviana. A la cabeza de esa entidad insólitamente se encuentran su propio presidente y canciller, junto a un equipo calificado de juristas y técnicos, rechazando en todo momento la contratación de extranjeros, por estar en juego “altos intereses de su país”, su confidencialidad y secreto, desvirtuando en esta ocasión -según sus declaraciones- “contundentemente la ofensiva y fundamentos bolivianos”, en contra de la defensa de aguas de nuestros manantiales.

En conclusiones, atendiendo el momento histórico que vivimos, debe primar la sensatez y responsabilidad. Es hora para que el Estado salga de su letargo y defina finalmente sus objetivos geopolíticos a corto, mediano y largo plazo, en función del interés nacional, frente a las nuevas formas de agresión económica que con mayor intensidad tratan de vulnerar nuestra soberanía. Así se evitaría, por otra parte, declaraciones y exabruptos chilenos (que para nosotros constituyen verdaderas “perlas”). Por ejemplo, recientemente la agente representante de aquel país, en cuanto al tema de nuestras aguas del Silala dijo: “si perdemos en La Haya me los rajo a todos”. También recordemos la declaración fehaciente de que el desvío y canalización de las aguas del Silala, por parte de Chile, “tuvo el propósito de evitar la contaminación; porque las aguas del territorio boliviano eran para las locomotoras” (reporte chileno, 6 de enero de 2017).

Por último, el gobierno chileno en sus desatinadas declaraciones soslaya interesadamente (en términos contenidos en el exhaustivo análisis del tema a cargo del médico compatriota Raúl Alcázar Machicado), que su país perdió por la razón más territorio que el que obtuvo por la fuerza.

El autor es abogado.