Magistrado de Perú:
Lima.- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú puede tardar hasta cuatro meses en emitir un fallo sobre la ley que prohíbe la publicidad oficial en medios privados, aprobada el pasado jueves por el Congreso, precisó el presidente de ese tribunal de garantías, Ernesto Blume.
El magistrado indicó en declaraciones publicadas hoy por la agencia oficial Andina que si llega más de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, todos ellos serán acumulados para ser vistos en un solo proceso.
Tanto el Gobierno como los congresistas que votaron en contra de la ley han anunciado que pedirán al Tribunal Constitucional que ordene que la norma sea derogada.
PRESIDENTE VIZCARRA
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró el pasado viernes que la ley “vulnera el deber del Estado de comunicar sus acciones y el derecho de las personas a ser informadas”.
En el parlamento los grupos minoritarios trabajan para reunir las 33 firmas que, como mínimo, se requieren para poder presentar la acción de inconstitucionalidad desde el hemiciclo.
De momento están casi aseguradas la rubricas de 34 parlamentos, con los trece de Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski; los diez del izquierdista Nuevo Perú y nueve legisladores allegados al suspendido congresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori.
DEMANDA
También se sumarán a la demanda los independientes Alberto de Belaunde, Gino Costa y Vicente Zeballos, antiguos integrantes de PPK; y Yonhy Lescano, portavoz del grupo parlamentario del centrista Acción Popular.
La “Ley Mulder”, denominada así por su promotor, el congresista Mauricio Mulder, portavoz parlamentario del Partido Aprista Peruano (PAP), impide a las instituciones y empresas del Estado hacer publicidad de sus acciones o campañas informativas para la población en cualquier medio privado.
La norma limita la publicidad oficial a las redes sociales o a los canales oficiales del Estado, lo que dificulta a gran parte de la población el acceso a esa información.
Contra esta ley se pronunciaron en contra tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
La SIP la calificó en enero como “una práctica discriminatoria que lesiona los principios constitucionales de libertad de prensa, libertad de empresa y de acceso a la información pública y transparencia”.
Por su parte, la CPP calificó la ley de “discriminatoria, innecesaria y desproporcionada”, al instaurar una “censura indirecta” en contra de la línea editorial de los medios de prensa y que, además, afecta el derecho a la información de los ciudadanos. (EFE)
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