“Desastrosa defensa” en arbitraje por Quiborax causó daños al Estado

El daño económico al Estado, producido a causa del caso Quiborax, ha sido consecuencia de una “desastrosa actuación en el arbitraje, responsabilidad del actual Gobierno”, afirmó el abogado Carlos Alarcón, defensa legal del expresidente Carlos Mesa, con relación a las afirmaciones del titular de Economía y Fiananzas, Mario Guillén, quien admitió la suspensión de varios proyectos que debieron ejecutarse con ese dinero.

“Como dice el propio laudo del Tribunal Arbitral, había un acuerdo verbal entre la empresa, Chilena Non Metallic Quiborax y el Gobierno de Bolivia por $us tres millones. En el más sencillo análisis, un niño puede darse cuenta que es mejor pagar tres millones que después terminar pagando $us 42, 6 millones y eso no hizo el actual Gobierno”, remarcó el abogado.

Entretanto, el ministro de las finanzas públicas, Mario Guillén, confirmó la suspensión de varios proyectos, aunque no especificó cuáles, que debieron ser ejecutados con los $us 42.6 millones que la semana pasada desembolsó el Estado en favor de la empresa Chilena Non Metallic Quiborax en cumplimiento del fallo que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

“Los $us 42.6 millones de dólares que se debe pagar a Quiborax vamos a tener que sacar los recursos del Tesoro General del Estado, para eso se debe suspender algunos proyectos para el pago de la deuda a la empresa chilena, porque es un fallo emitido por un organismo internacional al que estábamos adscritos en ese momento”, dijo el titular de esa cartera de Estado.

La autoridad no detalló cuáles serían los proyectos que no se ejecutarán por el pago del resarcimiento a la firma, aunque puntualizó que la transferencia de los 42.6 millones de dólares se efectivizó el jueves de la semana pasada, el no pagarlas hubiese generado consecuencias contra los bines del Estado en el exterior.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Quiborax donde resolvió que el estado boliviano debía pagar $us 48.6 millones, posteriormente se llegó a un acuerdo con los representantes legales de esa empresa donde se acordó reducir el pago a $us 42.6 millones.

PROCESO

De acuerdo con la explicación de Alarcón, luego del fracaso del acuerdo verbal por los $us tres millones, David Moscoso, principal accionista de Quiborax, confesó el delito y culpabilidad sobre la falsificación del acta con el que forzó ilegalmente el cumplimiento de requisitos para entablar la demanda arbitral.

“Es decir, si no hubiera existido ese delito de falsificación nunca debió haberse llevado el arbitraje, y es ahí que la defensa del Estado ha sido completamente pobre”, remarcó Alarcón.

Por su parte, el gobierno de Evo Morales responsabilizó de esta demanda al expresidente Carlos Mesa, en cuyo mandato presidencial emitió el Decreto Supremo Nº 27589 de reversión de la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni porque no estaba enmarcada en el procedimiento correcto.

CITACIÓN DE LA FISCALÍA

El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa, fue convocado por la Fiscalía General del Estado para que declare por el caso Quiborax, la cita fue programada para el próximo martes (19) a las 8.30 horas. El asesor legal de la exautoridad confirmó su asistencia y reiteró que es una estrategia política con el fin de inhabilitarlo políticamente.

La demanda contra Mesa fue presentada por la Procuraduría General del Estado, tras conocer que el Ciadi falló en contra de Bolivia y obligó a un pago de $us 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006.

Por otra parte, Alarcón también revela que el 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009.

MECANISMOS INTERNOS

Al respecto, Guillén dijo que existen mecanismos internos que determinarán si la defensa del Estado en el caso Quiborax fue buena o mala, pero ratificó que Bolivia perdió ese laudo arbitral porque el Gobierno de Carlos de Mesa no cumplió con la normativa al disponer la reversión de las concesiones de esa firma extranjera.

Manifestó que no se trata de si hubo una buena o mala defensa del Estado sino que tuvo que ver con el decreto que el expresidente Carlos de Mesa aprobó para la expulsión de Quiborax en junio de 2004 y reiteró que recursos del Tesoro General de la Nación fueron a compensar a la empresa con capitales chilenos.

EL DIARIO EN DEFENSA DEL SILALA

El Decano de la Prensa Nacional, de forma histórica, se caracteriza por la defensa de los recursos naturales, en especial en la frontera con Chile, motivo por el cual su denuncia es persistente sobre las constantes irregularidades que comete el vecino país contra el nuestro.

En 1996, EL DIARIO denunció el desvío de las aguas de las vertientes del Silala por parte de Chile. Este hecho fue destacado en varias oportunidades por el Gobierno actual y expertos.

Uno de ellos es el autor del libro “El mito del Silala” y experto en el estudio de la hidrografía boliviana, don Antonio Bazoberry Quiroga.

“Con EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, fuimos al terreno de los bofedales del Silala en el año 1996 y comprobamos que no es un río, como pretende hacer ver Chile”, afirmó Bazoberry.

RÍO LAUCA

De la misma manera, la labor patriótica de defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional ha sido una constante en las páginas de EL DIARIO. Durante el conflicto del río Lauca, desde febrero de 1962, la labor periodística iba denunciando los atropellos de Chile e informando las acciones gubernamentales que se fueron desencadenando hasta la ruptura de relaciones diplomáticas en noviembre de ese año.