Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años de prisión

Madrid.- Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, Felipe VI, ingresó ayer en prisión para cumplir una pena de cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción.

Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina, ingresó “tranquilo” y con un trato “educado” hacia los funcionarios en la pequeña cárcel de Brieva, en la provincia castellana de Ávila, limítrofe con Madrid, informaron a la agencia EFE fuentes penitenciarias.

Se trata de una prisión para mujeres, pero que posee un módulo especial para hombres compuesto por cuatro o cinco celdas, una sala con televisión, duchas, un pequeño patio y un despacho que el cuñado del rey Felipe VI ocupará él solo.

Urdangarin, que llegó anoche al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Ginebra (Suiza), donde residía con su esposa y sus cuatro hijos, podía elegir el centro penitenciario para cumplir la condena como cualquier ciudadano que en el momento de ingresar en la cárcel se encuentre en libertad.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Sin embargo, su ubicación definitiva depende ahora de Instituciones Penitenciarias que, en función de sus condiciones, decidirá, en el plazo de dos meses, dónde cumple condena y en qué grado penitenciario le clasifica.

Una vez en el interior de la cárcel Urdangarin cumplió con los trámites habituales del centro, que incluyen un reconocimiento médico y entrevistas con un psicólogo y un trabajador social.

La prisión de Brieva, situada a 7 kilómetros de la ciudad de Ávila, se construyó en 1989 y, con 43.540 metros cuadrados, es un centro de pequeño tamaño con 162 celdas y 18 complementarias que en la actualidad cuanta con 95 reclusas y algo más de un centenar de funcionarios, según datos de Instituciones Penitenciarias.

El módulo en el que cumplirá condena el exduque de Palma es el mismo en el que permaneció recluido durante diez años (1995-2005) el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán también por un caso de corrupción, y desde entonces ha permanecido vacío.

AUDIENCIA

Urdangarin fue condenado por la Audiencia de Palma (en la región española de Baleares) por el desvío de más de seis millones de euros de dinero público entre 2003 y 2006 al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que él mismo presidía y que dirigió junto a su socio, Diego Torres, quien también ingresó ayer en otra prisión española para cumplir una pena de cinco años y ocho meses.

El Tribunal Supremo, que redujo en cinco meses la pena de Urdangarin, ratificó la condena inicial por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero lo absolvieron de falsedad en documento público.

Igualmente rebajó la cuantía que la Audiencia impuso a Cristina de Borbón como responsable civil a título lucrativo de 265.088 euros a 136.950 euros, al entender que no puede responder de esa manera de los delitos fiscales de su marido.

Es la primera vez en la historia moderna de España que un pariente de un monarca entra en la cárcel, tras un mediático proceso judicial que ha durado doce años.

JUSTICIA

Tras conocerse el ingreso en prisión de Urdangarin, la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que “no se puede sacar una conclusión diferente” a que “los tribunales han funcionado” y que “la ley es igual para todos”.

Un mensaje con el que coincidieron los principales partidos políticos españoles, aunque desde la formación de izquierdas Podemos consideran que la posibilidad de elegir cárcel donde cumplir la condena supone un “trato de favor para la Monarquía”.

El ingreso en prisión de Urdangarin ha coincidido con la estancia de los reyes de España en San Antonio (Texas), a 8.300 kilómetros de Madrid, donde hoy terminan su visita y viajan a Washington para reunirse mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania.

Cuando se conoció la resolución del Supremo el pasado día 12, la Casa del Rey expresó su “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”.

Tanto la infanta como su esposo fueron apartados de toda actividad institucional a finales de 2011, días antes de que Urdangarin resultara imputado.

Posteriormente, dejaron de ser miembros de la familia real tras la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio de 2014, cuando la infanta pasó de ser hija a hermana del jefe del Estado. (EFE)