Mesa denunció a cuatro autoridades del Ejecutivo por caso Quiborax

El expresidente Carlos Mesa presentó ayer en la ciudad de Sucre, una querella contra los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, el procurador general del Estado, Pablo Menacho; y la subprocuradora Elizabeth Arismendi por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el marco del caso Quiborax.

Según el memorial presentado por la exautoridad, existen cuatro hechos irregulares “muy graves” que ameritan una investigación por sospecha de que los cuatro funcionarios cometieron los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Mesa dijo que en su caso no hay argumento alguno que establezca ningún tipo de irregularidad o insuficiencia para expulsar a Quiborax, entre tanto en el caso de los cuatro funcionarios del gobierno de Evo Morales existen indicios de que llevaron adelante una “desastrosa defensa” del Estado, que derivó en el pago de $us 42,6 millones a la firma chilena por decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Sin embargo, las reacciones desde el Gobierno no se dejaron esperar, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, manifestó que Mesa trata de desviar la atención del tema de fondo, que el laudo señala que Estado boliviano fue condenado a pago de indemnización porque la revocatoria no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, es decir, que no cumplió Ley 2564 y emitió el Decreto Supremo 27589, que a su criterio es ilegal.

IRREGULARIDADES

La primera irregularidad que se detalla en el documento es que en 2009, el Ministerio de Defensa Legal se retractó de un acuerdo formal oral al que ya había llegado con la firma chilena para llegar a un acuerdo amistoso con el pago de $us 3 millones y no los $us 42,6 millones que finalmente definió el laudo arbitral por el Ciadi.

En un segundo punto es que no se haya observado que Quiborax utilizó un documento falsificado para sustentar el inicio del laudo arbitral, que al final resultó contrario a los intereses de Bolivia. Hecho que derivó en un juicio contra David Moscoso que aceptó que el acta fue fraguada.

La tercera denuncia es que en oficinas de la Procuraduría General del Estado se negoció con los ejecutivos de Quiborax para el desistimiento de un proceso por falsificación que inició la justicia boliviana contra el accionista principal y otras ocho personas. Estos documentos del acuerdo en negociación fueron enviados desde la computadora de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti Barrientos.

Por último, Mesa dijo que se cometió la irregularidad de haber permitido que el Estado pierda los $us 42,6 millones en virtud de una pésima defensa que asumió la Procuraduría General en el laudo arbitral.

El exmandatario se presentó a la Fiscalía General del Estado en compañía de sus exministros de Desarrollo Económico, Gustavo Pedraza y de Trabajo, Luis Fernández, quienes también son parte de la denuncia que presentó la Procuraduría General del Estado.

VOLVERÍA A EXPULSAR A QUIBORAX

En una publicación en su página digital, Carlos Mesa ratificó que si en sus manos estuviera la decisión de expulsar nuevamente a la empresa chilena Quiborax lo haría “porque es lo correcto”, porque se observaron irregularidades que fueron la principal causa para que las concesiones sean suspendidas.

“Recordando ese día mágico en el que me encontré con el alma del Salar afirmo hoy que si volviera a estar en el trance de tomar una decisión sobre Quiborax, haría exactamente lo mismo, porque era lo que había que hacer, lo único posible y lo único correcto”, escribió.

DECLARACIONES

Dentro de este caso, la Fiscalía General comenzó a tomar declaraciones a algunas exautoridades de la Procuraduría, dentro del caso Quiborax; entre estos fue convocada la subprocuradora Elizabeth Arismendi que compareció aproximadamente cuatro horas.

Finalmente, el expresidente confirmó que este martes se presentará a la Fiscalía del Estado para declarar sobre este caso. La cita está fijada para las 08.00 en Sucre, la capital del país.