Concejala fue encarcelada por delito que no cometió

La concejal por el municipio de Santiago de Callapa, Mónica Paye Condori, fue procesada por el presunto delito peculado, luego que hubiera perdido dos computadoras de propiedad del Concejo Municipal en el trayecto hacia la ciudad de El Alto, donde esa comuna tiene sus oficinas. No obstante de que se comprometió a reponer ese equipamiento tras 20 días de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF), en Obrajes; este lunes logró su libertad con detención domiciliaria.

La defensa legal de la concejala Mónica Paye, a cargo del abogado Osman Chávez Galarza, interpuso una apelación incidental a la determinación de medidas cautelares, la que fue rectificada por el juez demandó la rectificación del proceso por el que desde hace 20 días fue enviada a la cárcel de Obrajes de la ciudad de La Paz.

“La Sala Penal 4º presidida por Iván Córdova ha dispuesto la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a la ciudadana Mónica Roxana Paye, toda vez que han advertido de que existe falta de fundamentación y motivación en cuanto a la resolución emitida por Iván Zárate. La medida fue excesiva, por eso aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad se ha logrado que mi cliente pueda defenderse en libertad”, señaló Chávez Galarza.

Explicó que en la gestión 2016 Paye sufrió la sustracción de las dos computadoras laptop y a pesar de que anunció su reposición el alcalde de Callapa, Víctor Honorio Calle, inició un proceso penal que derivó en su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes cuando correspondía proceso administrativo, según el reglamento de faltas disciplinarias que rige para el servicio público. “El  artículo 19 del Reglamento de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Callapa establece que cuando un funcionario pierde un objeto incurre en una falta administrativa no en un delito”, señaló Chávez.

VIOLENCIA POLÍTICA

Aseguró que detrás de este hecho “se oculta una serie de acciones de violencia y acoso político ejercidas por el alcalde de este municipio, Víctor Honorio Calle, de manera sistemática”. Por su parte, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Brígida Quiroga, se sumó al reclamo por el acoso político desplegado contra Paye y anunció que convocará al alcalde del municipio de Callapa, para que preste un informe oral ante la Cámara de Diputados. Según la diputada, el Alcalde no aceptó la devolución de las computadoras “en una clara muestra de violencia y persecución política de la cual es víctima desde hace más de nueve meses atrás, solamente por el hecho de desarrollar labores de fiscalización y de no ser afín al partido del alcalde municipal de Callapa”.

ACOBOL

Por su parte, la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz) y de Bolivia (Acobol) mediante un pronunciamiento público denunciaron que Paye “en varias oportunidades ha sido sancionada con descuentos y suspensiones temporales sin goce de haberes, y últimamente también ha sido suspendida de sus funciones por 120 días”, lo que calificaron como actos de y violencia política, con la clara intencionalidad de alejarla de su mandato fiscalizador. En este mismo pronunciamiento, Acobol exige a las autoridades judiciales la correcta valoración de las pruebas presentadas por la defensa de Mónica Paye en el proceso penal que enfrenta.