Caso Quiborax abrió dudas sobre pagos a nacionalizadas

La millonaria indemnización del Gobierno a la empresa chilena Quiborax ($us 42.6 millones) por la reversión de concesiones de explotación de ulexita en el Salar de Uyuni el 2004, abrió dudas en el empresariado privado del país a raíz de las denuncias del expresidente Carlos Mesa, en sentido de que la defensa de la Procuraduría fue un “desastre” al no haber concretado un preacuerdo.

Ante esta situación el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, pidió al Gobierno proceder con auditorías a objeto de establecer la legalidad de los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las refinerías, telecomunicaciones y otras empresas que fueron nacionalizadas en los primeros años de gestión del actual Gobierno.

Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara cómo se solucionaron. “El ex Procurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.

Recordó el caso de Entel con Telecom de Italia, los grupos Iberdrola y Abertis de España con las distribuidoras de electricidad (TDE) y Sabsa, además de refinerías entre otros.

DENUNCIA DE MESA

El problema suscitado por la denuncia del expresidente Mesa ante la justicia, por las nuevas evidencias sobre un pre acuerdo para pagar al menos $us 3 millones y el documento supuestamente falso que usó la empresa chilena en el proceso, y el acuerdo alcanzado para reducir el monto de la indemnización, sirvió de argumento a Salinas para proponer al Ejecutivo auditorías, no sólo en el caso de Quiborax, sino de otros acuerdos alcanzados con otras empresas en la gestión de Gobierno.

“Es importante que se efectúen las auditorías de todos los procesos que se tuvo como Estado por las nacionalizaciones que se ha, hecho”, dijo Salinas, a tiempo de indicar que es necesario plantear al Gobierno un informe de todos los procesos que ha llevado a cabo, es decir de todos los arbitrajes que se ejecutaron.

FE DEL ESTADO

Salinas señaló también que más allá de un tema político, es un tema que involucra a la fe del Estado. “Nosotros siempre hemos dicho hay que ser serios en nuestro relacionamiento con las empresas y mucho más con las extranjeras”, apuntó.

Agregó que el Estado tiene todo el derecho de nacionalizar, pero en el marco de las normas de la ley; ahora la Justicia será quien señale sí siguieron el camino correcto o no.

ANTECEDENTES

Mesa dijo que la empresa chilena Non Metallic Quiborax inició el Arbitraje Internacional contra el Estado con un acta falsificada de constitución de la firma, lamentó que las autoridades de Gobierno no hayan objetado esta irregularidad y presentó a la Fiscalía General un memorial con esta información.

Asimismo, dijo que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, firmó el pago del resarcimiento de 42,6 millones de dólares, con el representante legal de la firma, Andrés Jama, quien es parte de un equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda marítima presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

DOCUMENTO FALSO

“El documento que le permitió a Quiborax iniciar el laudo arbitral en contra de Bolivia, es un acta falsificada y que ello permitió que ese juicio se lleve adelante. David Moscoso fue condenado a dos de cárcel, quien reconoció que el documento fue falsificado”, dijo el expresidente. Moscoso resultó ser el accionista principal de la empresa Non Metallic, de la cual Quiborax era su subidiaria.