“Nacionalizaciones” del Gobierno demandan millonarios recursos

El Gobierno cerró acuerdos con cuatro empresas, luego del decreto de nacionalización de los Hidrocarburos, en mayo de 2006, que en los hechos solamente fue la expropiación de acciones y la redistribución de los ingresos tributarios.

El artículo 7 del decreto 28701 de Nacionalización de Hidrocarburos determinó expropiar las acciones, para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.

INDEMNIZACIONES

Un arreglo en diciembre de 2014 benefició a la petrolera argentina PAE con $us 357 millones, pero está en curso una millonaria demanda de la Suiza Glencore por la expropiación, hace años, de sus propiedades e inversiones en Colquiri (cinco años) y la Metalúrgica de Vinto (2007). Glencore exige la reparación de $us 675 millones.

Fueron contabilizadas –al menos– 17 empresas que han sido “nacionalizadas” por el régimen vigente.

El diputado de oposición Wilson Santamaría dijo que el Estado fue notificado con la sentencia, en el caso Eurotelecom, Aguas del Tunari y de Pan American Energy (PAE); “en este último caso se conoció el dictamen hace un par de meses, pero no hay acceso a la información”, sostuvo.

Un recuento de las empresas estatales que pasaron a la administración privada, desde 1997, con las que los gobernantes de entonces suscribieron acuerdos de riesgo compartido o en otros casos las sometieron a la capitalización, sumaron al menos 17 casos.

REPARACIONES

La controversia con la argentina Pan American Energy (PAE) fue resuelta el 18 de diciembre de 2014, con el pago de $us 357 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Petrolera Chaco, actual YPFB Chaco.

El acto se realizó en el Palacio de Gobierno, con la presencia del procurador General del Estado, Héctor Arce; el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas; presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga; representante de PAE, Alejandro Bulgheroni, y trabajadores de la firma estatal.

Asimismo, la suiza Glencore reclamó a Bolivia el pago de 675,9 millones de dólares, como monto de indemnización por la reversión, hace cinco años, del yacimiento de estaño de la mina Colquiri y en 2007 de la planta de fundición de estaño Vinto, en Oruro.

“La demanda se basa en informes periciales arbitrariamente inflados y de carácter especulativo”, destacó Pablo Menacho, de la Procuraduría General del Estado (PGE), dijo el diario Correo del Sur, a fines del año pasado.

CIFRAS Y CASOS

El Estado boliviano debe pagar alrededor de 1.500 millones de dólares por 12 arbitrajes internacionales, procesados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), según datos de Santamaría.

Ante tal situación, el legislador emitió una petición de informe escrito al Procurador para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.

DAÑO ECONÓMICO

A la vez, observó que los daños económicos al Estado que están en el marco de los pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa por el caso de Quiborax, proceso que se interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

“Con el Gobierno del presidente Evo Morales tenemos deudas mucho más altas, mayor cantidad de procesos, no hay tal nacionalización. En realidad lo que ha ocurrido son procesos por compra de las acciones que pasan por un espacio de conciliación para renegociar la cantidad. Por estos 12 casos el Estado debe pagar 1.500 millones de dólares”, dijo el legislador.