UD pide informe a Fiscalía por retraso de investigación

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos denunció el retraso por parte de la Fiscalía General del Estado para investigar a la empresa USOA SRL que se adjudicó de forma directa el proyecto de sistema CADI-Sucre Segura, Zona Patacón, por más de Bs 11 millones. El legislador solicitó informe escrito para identificar el estado de la investigación.

“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.

A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.

Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.

Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).

El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.