Los arbitrajes iniciados por empresas transnacionales, debido a la “nacionalización” y reversión de las empresas estatales que pasaron a manos privadas, llegó a costar al Estado boliviano aproximadamente 800 millones de dólares, informó el procurador general Pablo Menacho.
“Hemos cerrado 14 casos y en estos se ha seguido una lógica de negociación y de defensa del Estado boliviano, se ha logrado bajar de una manera sumamente importante todos los montos que se han demandado contra el Estado de Bolivia (…) es el 80 por ciento que se traduce alrededor de 2.300 millones de dólares y hasta la fecha se pagó aproximadamente 800 millones de dólares”, aseguró Menacho.
Uno de los últimos procesos fue el resarcimiento a la empresa chilena Non Metallic Quiborax.