Desestimar el recurso de la contrademanda o reconvención en contra de nuestro demandante -para la impugnación que nos concede el derecho internacional, adoptado en principio por nuestro gobierno-, debido a una “duda técnico-jurídica” explicada por el ministro del ramo, es una traición y fraude al país, a pesar de la existencia de todos los argumentos técnico-científico y jurídicos que Bolivia puede usar para la protección de sus recursos hídricos, señaló la compatriota e investigadora Ofelia Michel Rico.
Y es que el procedimiento de contra memoria o vía diplomática, propuesto cándidamente a Chile por S.E. (rechazada contundentemente por la Moneda), descarta irreflexivamente la contrademanda, limitándose a la simple réplica o respuesta en contra de nuestro oponente, es decir a la simple oposición.
La contrademanda, técnicamente denominada reconvención, no se reduce o limita a la simple contra memoria en oposición al recurrente, sino que a tiempo de su interposición se instituye en “contrademanda”, fusionando en su letra terminantes fundamentos técnicos-científicos y jurídicos; estableciendo -al margen de la oposición a la demanda- pruebas históricas tasadas y preestablecidas en contra de la postura acusadora, además de otros elementos que no contempla la contra memoria o la simple vía diplomática “reservada y cautelosa”. Es decir que la contrademanda tiene mayor contundencia, jurisdicción y competencia jurídicas.
En consecuencia, el procedimiento anunciado por el gobierno no considera una futura dúplica a nuestro favor, “aceptando los términos falaces de Chile y callando sobre otros asuntos que Bolivia todavía debe denunciar”, señala con precisión la investigadora.
Sin tratar de ingresar en un debate doctrinario, es irrebatible que contra memoria, demanda, contrademanda, reconvención o simple vía diplomática no son consideradas como “simples alternativas” propiamente, como señalan nuestras autoridades, sino como diferentes recursos con sus propias definiciones y disparidades.
Definitivamente, en el momento histórico que vivimos, debe primar la sensatez y responsabilidad. Es hora para que el Estado salga de su letargo y defina sus objetivos geopolíticos a corto, mediano y largo plazo, en función del interés nacional, frente a las nuevas formas de usurpación y agresión económica con las que, con mayor intensidad, tratan de vulnerar nuestra soberanía.
Desafortunadamente, la sola voluntad de nuestros actuales representantes no favorece la visión conjunta, la planificación y la revisión compartida. Es necesario convencernos de que el esfuerzo, en el presente momento histórico, debiera ser colectivo. Más aún avizorando las siguientes etapas del recurso a interponer en defensa de nuestros manantiales del Silala. Es decir que debemos seguir desarrollando estrategias en escenarios y discursos complementarios, en ámbitos bilateral y multilateral. Debemos evitar, entre otras situaciones, que permanentes declaraciones aisladas, incoherentes y prematuras por parte de nuestras autoridades -probablemente de buena fe- sólo provoquen inseguridad y desacierto.
Por todo ello, debemos convencernos de que el recurso a interponer, en contra de nuestro oponente ante La Haya, incidirá en los ámbitos político, económico y psicosocial de nuestro futuro inmediato. No sólo es cometido de nuestra Cancillería, es tema de unión nacional, de voluntad general. Corresponde dejar en paréntesis la política subalterna por la activa política internacional que el país requiere, ya que nuestra dignidad se encuentra por encima de cualquier interés sectario; es decir haciendo un solo frente, por encima de la discrepancia política, encontrándonos más unidos que nunca.
Estamos seguros de que los líderes de los partidos políticos e instituciones cívicas y militares así lo entenderán.
El autor es abogado.
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