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[Jorge Espinoza]

Onerosas “nacionalizaciones” mineras


Entenderemos bajo el término nacionalización la reversión de concesiones mineras, la terminación unilateral de contratos y la nacionalización como tal. En lo que va del siglo se han producido cinco nacionalizaciones mineras.

REVERSIÓN DE CONCESIONES DE LA

EMPRESA QUIBORAX-NON METALLIC MINERALS

La empresa boliviana Non Metallic Minerals tenía concesiones mineras, en las que en forma rudimentaria explotaba ulexita (borato hidratado de sodio y calcio) en el salar de Uyuni. En 2001 entró en sociedad con la empresa chilena Quiborax S.A., gran productora de compuestos de boro. La sociedad intensificó pero no mecanizó la explotación de ulexita (que era enviada a Chile), por lo que se estima que su inversión ni de lejos llegó a 1 millón de dólares (M$us).

El gobierno de Carlos Mesa considerando que las exportaciones de ulexita no coincidían con los volúmenes transportados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles, lo que significaba un daño económico al Estado, promulgó el Decreto Supremo (DS) 27.589 de 23/06/04 que revocó las resoluciones constitutivas de las 11 concesiones que tenía la empresa, que interpuso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que en un laudo de 16/09/15 dispuso que el Estado pague 48,6 M$us más intereses. Bolivia logró mantener suspendido el laudo solicitando su anulación, pero el 18/05/18 el CIADI ratificó su fallo. El 07/06/18 se llegó a un acuerdo con Quiborax, a la que se canceló 42,6 M$us.

El Gobierno anunció un proceso penal a Carlos Mesa por haber promulgado un decreto ilegal, pero Mesa respondió que el actual Gobierno hizo una defensa desastrosa y acusó ante la Fiscalía General a cuatro altos funcionarios por delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Entre otros indica que en 2008 la empresa solicitó al Gobierno 3 M$us para dar fin a la demanda, lo que no fue aceptado.

Lo concreto es que se pagó 43 o más veces la inversión realizada por la empresa.

NACIONALIZACIÓN DE LAS FUNDICIONES

DE ESTAÑO Y ANTIMONIO DE VINTO

Siguiendo la política de privatización, en el gobierno de Hugo Banzer mediante DS 25.631 de 24/12/99, con muchas irregularidades la fundición de estaño fue vendida a la empresa anglo india Allied Deals por 14,75 M$us. A la quiebra de esta empresa la liquidadora Grant Thornton, violando el contrato suscrito con el gobierno de Bolivia, la transfirió a la empresa Comsur por 6 M$us en 2002. Mediante DS 29.026 de 09/02/07 fue nacionalizada por el actual Gobierno.

En noviembre de 2000 (Banzer) la fundición de antimonio fue vendida a Comsur en 1,1 M$us. En 2005 Comsur vendió las fundiciones y otros derechos mineros a la transnacional suiza Glencore. Con el DS 499 de 01/05/10 el Gobierno nacionalizó la desmantelada fundición de antimonio, que no operaba desde 1997.

CONCLUSIÓN DE CONTRATO EN COLQUIRI

Mediante contrato de arrendamiento de 24/02/00 Comsur (comprada por Glencore el 2005) se adjudicó la explotación de la mina Colquiri de Comibol por 30 años. Por problemas ocasionados por cooperativistas, mediante DS 1.264 de 20/06/12 Comibol reasumió su control.

El 15/08/17 Glencore interpuso una demanda de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por las nacionalizaciones de las dos fundiciones y de la mina Colquiri por 675,7 M$us. ¿Las utilidades de Colquiri y Vinto serán suficientes para pagar a Glencore?

REVERSIÓN DE CONCESIONES DEL

PROYECTO MALLKU KHOTA

La empresa junior canadiense de exploración South American Silver (SAS) entre 2003 y 2008 fue adquiriendo concesiones mineras en las que desarrolló el proyecto Mallkhu Kota, donde pensaba encontrar reservas para explotar a cielo abierto un yacimiento masivo de plata. Luego de perforar 42.700 metros de taladros de diamantina calcularon “reservas” al 30/03/11 de 254,99 Mtons con apenas 28,1 gramos por tonelada (gpt) de plata, por lo que para tratar de viabilizar el proyecto incluyeron también el indio con un bajo 5,8 gpt y el galio con un bajísimo 4,3 gpt.

Para posicionarse mejor en la bolsa (consiguieron mejorar el precio de sus acciones), los ejecutivos de SAC indicaron que se trataba de uno de los mayores yacimientos de plata e indio del mundo y que era mucho más grande que San Cristóbal. Es cierto que el volumen de sus “reservas” era solo un 1,7% mayor que el de San Cristóbal, pero el valor de los minerales recuperados por tonelada eran de 73,38 $us para San Cristóbal y un bajísimo 23,69 $us para Mallku Khota (ahora es menos por el mucho menor precio de la plata), según describí en mi artículo “¿Mallku Khota es un proyecto marginal?” (ED 10-11/01/13). Muchos comunarios invadieron con violencia algunas zonas de las concesiones exigiendo el alejamiento de la empresa, por lo que el Gobierno a través del DS 1.308 de 01/08/12, revirtió sus concesiones.

El 11/07/12 SAS indicó que pediría al Estado una compensación de al menos 50 M$us por las inversiones hechas en la exploración del yacimiento minero, si el Gobierno oficializaba la reversión. El 30/04/13 SAS interpuso una demanda ante la Corte Permanente de La Haya por 385,7 M$us.

En el artículo señalado de hace más de cinco años, sugerí que el informe técnico económico preliminar “Preliminary Economic Assestment Update Technical Report for the Malku Khota Project …” (PEA) de SAS de 10 de mayo de 2011, que contiene datos técnicos y económicos muy importantes, donde se muestra recuperaciones muy altas, costos de operación y precios de insumos muy bajos, debería ser utilizado por el Gobierno para contratar una empresa especializada y autorizada, que en mi opinión fácilmente determinaría que el proyecto era inviable por el fracaso exploratorio, por lo que el Gobierno nada debería pagar.

 
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