Quiborax no invirtió más de un millón de dólares

El experto en minería y ex ministro Jorge Espinoza declaró ayer que la empresa chilena Quiborax - Non Metallic Minerals, “no invirtió de lejos ni un millón de dólares”, pero obtuvo una indemnización de 42.6 millones de parte del Gobierno.

El especialista calificó de “onerosas” las reversiones de empresas mineras en Bolivia y aseveró que en lo que va del siglo se han producido, al menos, cinco “nacionalizaciones” en el sector.

“Entenderemos bajo el término nacionalización la reversión de concesiones mineras, la terminación unilateral de contratos y la nacionalización como tal”, sostuvo en un artículo de opinión publicado por el Decano de la Prensa Nacional el martes pasado, donde evalúa el caso reciente de la empresa chilena Quiborax - Non Metallic Minerals; asimismo, las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, Colquiri y Mallku Khota.

Espinoza hizo énfasis en la reciente reversión de la empresa chilena Quiborax-Non Metallic Minerals, que tenía concesiones mineras, en las que de forma rudimentaria explotaba ulexita (borato hidratado de sodio y calcio) en el salar de Uyuni; señaló que de lejos esta empresa habría realizado inversiones no mayores al millón de dólares.

Según dijo, en 2001 el Estado entró en sociedad con la empresa chilena Quiborax S.A., gran productora de compuestos de boro. La sociedad intensificó las exploraciones,pero no mecanizó la explotación de ulexita (que era enviada a Chile), por lo que se estima que su inversión ni de lejos llegó a un millón de dólares.

Sostuvo que en el Gobierno de Carlos Mesa, considerando que las exportaciones de ulexita no coincidían con los volúmenes transportados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles, lo que significaba un daño económico al Estado, promulgó el Decreto Supremo (DS) 27.589, de 23/06/04, que revocó las resoluciones constitutivas de las 11 concesiones que tenía la empresa chilena, por lo que ésta interpuso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual, en un laudo de 16/09/15, dispuso que el Estado pague 48,6 M$us, más intereses.

Bolivia logró mantener suspendido el laudo y solicitó su anulación, pero el 18/05/18 el CIADI ratificó el fallo. El 07/06/18 se llegó a un acuerdo con Quiborax, a la que le canceló 42,6 M$us.

El Gobierno anunció un proceso penal al ex presidente Mesa por haber promulgado un decreto ilegal, pero aquél respondió que el actual Gobierno hizo una “defensa desastrosa” y acusó ante la Fiscalía General a cuatro altos funcionarios por delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Entre otros indicó que en 2008 la empresa solicitó al Gobierno 3 millones de dólares para dar fin a la demanda, lo que no se le aceptó.

Pero, al final, lo concreto es que se le pagó 43 o más veces la inversión que realizó.