El intrincado caso Quiborax

El ex presidente Carlos Mesa fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta anti económica, por causa de que el Estado fue condenado en acción arbitral a pagar $US 42.6 millones en el caso Non Metalic Quiborax, de capitales chilenos. Si nos colocamos en el cuadro de aquellos años, destaca el efecto pernicioso de las presiones sociales ejercidas entonces y repetidas muchas veces, en este caso, por los cívicos y sindicalistas potosinos para el desalojo de la señalada empresa.

La situación se originaría en que en 2004 el entonces presidente Mesa nacionalizó las concesiones otorgadas en el Salar de Uyuni mediante el Decreto Supremo 27.589, que según el actual Gobierno no cumplía con los requisitos necesarios para que proceda la reversión. Materia que sirvió a Quiborax para recurrir al Ciadi, organismo internacional de arreglo de diferencias sobre inversiones. Mesa, a su vez, se querelló contra Héctor Arce, César Navarro, Pablo Menacho y Elizabeth Arismendi, anteriores y actuales autoridades concernidas al tema. Los cargos son por conducta anti económica e incumplimiento de deberes.

Un rápido análisis del caso permite ver que en 2009 -en plena tramitación del arbitraje- existió la oferta de concluir el entuerto con el pago de 3 millones de dólares a Quiborax, acuerdo verbal cuya concreción habría sido dejada de lado por el Estado. Asimismo, que la defensa no hizo valer la falsificación de un acta por parte de David Moscoso, alto ejecutivo de la nacionalizada, acta que sirvió de base para la demanda y que podía y debía anularla, si la defensa estatal la habría sustentado. Se trataba de un delito confeso determinante, pero sobrevino un desistimiento del juicio penal contra el nombrado, transado en las propias oficinas de la Procuraduría General, permitiendo la prosecución del trámite en el Ciadi, hecho que Mesa atribuye a Elizabeth Arismendi, Ministra de Defensa Legal del Estado entre el 2010 y 2011. La conclusión del fallo es el pago de la indicada suma. Estos episodios abren el camino a suposiciones que la Justica deberá esclarecer imparcial y objetivamente.

El entramado de lo que se ha calificado como “demolición” de la personalidad de Mesa, posible candidato contendor de Evo Morales el 2019, es un descarte a cuya sazón se desentierra una actuación de hace más de 14 años. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda se apresura a pagar el señalado millonario monto para ampliar la impresión de la opinión pública sobre el particular.

El presente caso es un alerta sobre los montos que tendrá que cargar Bolivia en las diferentes demandas indemnizatorias por una serie de nacionalizaciones efectuadas por el Gobierno Morales-García Linera, presumiblemente no ajustadas a los requisitos previos, supuesta omisión que hoy se la explota políticamente.