Guatemala.- Aunque desde 1985 se han entregado en el Congreso casi una treintena de proposiciones de ley, Guatemala todavía no dispone de ninguna legislación que defina exactamente el papel del Estado en la protección, la regulación y la repartición del agua, un recurso del que carecen unos 4 millones de personas.
Desde 1987, Guatemala hace uso de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que exige al Gobierno que controle y administre el agua, sin obligación, sin embargo, de garantizar su protección y vigilancia.
En mayo de 2016, ante la gravedad de la situación, se presentó uno de esos proyectos de ley llamado Ley de Aguas y Recursos Hídricos, en el cuál se proponía modernizar la actual Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, así como complementarla para incrementar su eficiencia.
Sin embargo, desde su presentación en el pleno, la ley no ha sido revisada y se queda por el momento paralizada.
No obstante, pone en relieve acciones que serían de gran importancia para el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista social como económico o ambiental.
DERECHOS
Entre otros aspectos, propone “la organización del sistema de derechos de uso y aprovechamiento” del agua, algo que todavía no existe, de tal manera que cualquier tercero, particular o empresa explote el agua sin estar sujeto a ningún tipo de control.
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