Apropiación ilegal de tierras en Santa Cruz

Contrariamente a lo que muchas veces anunció el gobierno sobre “garantías plenas para quienes sufren la apropiación indebida de tierras en Santa Cruz o en cualquier sitio del país”, estos hechos delictivos no han parado; al contrario, han aumentado y son muchos los empresarios agroindustriales que viven agobiados por la acción de delincuentes que se apropian de sus propiedades sin que haya autoridad que les ponga freno.

El problema es de larga data y son muchos los que han encontrado situación legal de tierras ante el INRA u otras autoridades, alegando derechos que no tienen. Los empresarios, alarmados por el incremento de estos delitos, señalan: “La gran área productiva agroindustrial de Santa Cruz continúa con problemas emergentes de la toma de tierras por grupos ilegales que han recrudecido en sus incursiones, generando inseguridad jurídica en los predios en proceso de saneamiento”.

Lo grave de este tipo de delincuencia es que los autores de los hechos ilegales no solamente alegan propiedad de las tierras sino que se apoderan de sus contenidos y prácticamente expulsan a los legítimos propietarios; las leyes que sancionan este tipo de delitos no se aplican y quienes están designados para aplicar la justicia son totalmente indiferentes ante los hechos. Indican los productores: “los ‘toma tierras’ (así designados a los delincuentes) ven al sector productivo como empresarios, cuando en realidad somos productores agropecuarios, somos emprendimientos unipersonales generadores de alimentos; hacen denuncias concretas contra adeptos al partido de gobierno “que frecuentan instalaciones del INRA regional para recabar información de predios en proceso de saneamiento, para luego proceder con asaltos” (ED 6/6/18).

Son situaciones que contradicen totalmente declaraciones y propósitos del gobierno en sentido de pedir a los productores que incrementen la producción al contar “con las debidas garantías”; pero, alegan los interesados, “¿cómo vamos a producir más, mejorar las instalaciones sino contamos con las garantías necesarias y, además, estamos expuestos a que en cualquier momento se nos asalte y lo perdamos todo”? Es, pues, grave el panorama que se presenta para la agroindustria de alimentos en Santa Cruz, donde serían 136 las propiedades asaltadas (no “avasalladas” que es forma de asalto con la finalidad de convertir en vasallos y esclavos a los habitantes del lugar) y son 50 las últimamente invadidas ilegalmente por los delincuentes.

El problema no es nuevo; al contrario, han pasado muchos años y varias veces de su realización sin que sean aplicadas las leyes; años en que se habla de inversiones, pero, si no existen las garantías del caso, ¿cómo se puede alentar al agricultor nacional como al extranjero? Es, pues, el gobierno que tiene que hacer honor a sus compromisos, apresar a los autores de estos hechos ilegales y sancionarlos conforme a Ley, a más de devolver las propiedades asaltadas.